Ciudad de México – En el marco del debate desarrollado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Gobierno de México admitió formalmente que autoridades locales del nivel municipal han participado en casos de desaparición.

La postura de la delegación mexicana busca sostener una diferenciación frente a periodos pasados, señalando que los crímenes actuales no se ordenan «desde la cúpula del poder político», sino que son perpetrados principalmente por el crimen organizado en colusión con funcionarios del ámbito municipal.

1. El contexto de la comparecencia ante la ONU

La intervención se dio durante la presentación del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ante la Tercera Comisión de la Asamblea General.

• Representación del Gobierno: La postura del Estado mexicano fue expuesta por Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
• Activación del Artículo 34: La comparecencia ocurre en seguimiento a la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo inédito invocado por el CED debido a indicios de que en México las desapariciones se cometen de manera generalizada o sistemática.

2. El reconocimiento de la implicación municipal

Durante la sesión, el representante del Gobierno mexicano argumentó que el contexto estructural de la violencia en el país ha cambiado respecto a administraciones pasadas:

• Tesis del Estado: El subsecretario afirmó que la desaparición forzada en México ya no constituye una política deliberada del Ejecutivo ni de las cúpulas del Estado.
• Participación local: Reconoció explícitamente que los delitos de desaparición son cometidos en la actualidad por células del crimen organizado y, en diversos casos, por autoridades municipales vinculadas o coludidas con la delincuencia.
• Compromiso con la impunidad cero: Medina remarcó que el Estado «no tolera ni fomenta este delito» y que se mantiene una política de cero impunidad contra cualquier servidor público involucrado.

3. Rechazo al criterio de «desaparición sistemática»

A pesar del reconocimiento sobre la implicación municipal, la delegación mexicana manifestó su explícito rechazo a la interpretación jurídica del Comité:

• Divergencia jurídica: México objetó la aplicación del Artículo 34 por parte del CED, al argumentar que el organismo no evaluó de manera adecuada los esfuerzos ni los avances institucionales implementados por el país.
• Reporte de localizaciones: La representación mexicana destacó el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la puesta en marcha del mecanismo de Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, informando que se ha logrado la localización de más de 16,000 personas.

4. Postura de los colectivos y organismos internacionales

La intervención de México ante la Asamblea General se produce en un contexto de estrecha vigilancia por parte de organismos multilaterales y de las familias de las víctimas:

Impacto político: El informe presentado ante la Tercera Comisión abre la posibilidad de que la Asamblea General de la ONU emita recomendaciones específicas o resoluciones de cooperación internacional en materia de búsqueda e identificación humana para México.

Demandas de las familias: Diversos colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos han respaldado la actuación del Comité de la ONU. Han hecho un llamado al Gobierno federal para que admita mecanismos internacionales de cooperación técnica e investigación independiente, que ayuden a procesar la crisis forense que enfrenta el país.