Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – Integrantes del colectivo Madres en Resistencia, conformado por mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio y personas desaparecidas, se encadenaron en la entrada principal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para exigir avances reales y la localización con vida de sus seres queridos.

La protesta pacífica escaló tras una semana ininterrumpida de movilizaciones en distintas regiones de la entidad ante la falta de resultados de las autoridades estatales.

La jornada de protesta incluyó previamente el bloqueo de la carretera Panamericana, a la altura de la salida de Comitán hacia San Cristóbal de las Casas, así como un plantón nocturno en la Fiscalía de Distrito, donde colocaron fichas de búsqueda de personas no localizadas en Amatenango del Valle y Comitán, junto con carpetas de feminicidios ocurridos en la capital chiapaneca.

Ante la omisión institucional, el grupo procedió al bloqueo del Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez para presionar por una audiencia directa con el fiscal general.

Casos de desaparición: Siete meses de omisiones e inacción fiscal

Entre las manifestantes se encuentra Ana Cristina Díaz León, esposa de César Ramírez León (de 24 años), quien desapareció el pasado 24 de abril en San Caralampio Chavín, municipio de Amatenango del Valle, cuando viajaba en una motocicleta Italika 250Z junto a su hermano Ismael Ramírez León (de 27 años).

A siete meses de la desaparición, las familias denunciaron que los constantes diálogos con mandos ministeriales solo han servido para postergar el trabajo de campo. «Ya no queremos más reuniones porque solo nos hacen sentar en sillas para decirnos: tal día te aviso algo. Queremos que el Fiscal haga su trabajo y los rescate cueste lo que cueste», recriminó la esposa del joven desaparecido.

A las exigencias se sumaron los familiares del sargento de la Guardia Nacional, Roque Luis Hernández Pérez, desaparecido el 22 de abril en Comitán. La familia presentó pruebas obtenidas por cuenta propia, entre ellas la ubicación por GPS de su motocicleta en un taller mecánico; sin embargo, la representación social desestimó el dato argumentando que la unidad «se encontraba en un corralón». Asimismo, la Fiscalía justificó la falta de seguimiento en video señalando que las cámaras del C5 de la zona «no funcionaban».

Justicia para las víctimas de feminicidio y exigencias centrales

El colectivo Madres en Resistencia condicionó el levantamiento del bloqueo a una atención presencial de las autoridades para revisar de fondo los casos de desaparición y dictar sentencias ejemplares en los expedientes de feminicidio:

• Feminicidio de Jade Guadalupe Yuing Gómez: Hallada sin vida el 14 de enero de 2020 a los 13 años dentro de las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas, caso donde la familia exige el esclarecimiento de responsabilidades tras años de irregularidades.
• Feminicidio de Silvia Rodríguez Álvarez: Asesinada el 20 de septiembre de 2025 a los 37 años en la colonia Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez. Las manifestantes demandan que el Ministerio Público pida la pena máxima de 100 años de prisión contra el imputado, identificado como Ángel «N», alias El Cachi, en la audiencia fijada por el órgano jurisdiccional.

Las manifestantes advirtieron que mantendrán el cierre del Libramiento Norte de la capital del estado y el encadenamiento en el acceso del edificio gubernamental hasta que las autoridades entablen un diálogo resolutivo con plazos concretos de búsqueda y procuración de justicia