Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – Familiares de víctimas de violencia machista, activistas y colectivos feministas exigieron al Congreso del Estado de Chiapas la adopción y aprobación urgente de la iniciativa conocida como Ley Mariana Lima Buendía, con el objetivo de tipificar como delito y sancionar de manera penal la negligencia, omisión e impunidad cometidas por funcionarios públicos en la investigación de casos de feminicidio.

La exigencia cobró fuerza tras las denuncias públicas de madres y colectivos que señalan deficiencias sistemáticas y falta de perspectiva de género en las actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Motivos de la exigencia y puntos centrales de la iniciativa

1. Sanciones penales a servidores públicos negligentes: La propuesta plantea castigar con penas de cárcel, inhabilitación y destitución a Ministerios Públicos, peritos y policías que incurran en omisiones, alteración de pruebas, dilación injustificada o falta de debida diligencia en el procesamiento de delitos por razones de género.
2. Denuncias por omisión e impunidad en investigaciones locales: Madres de víctimas en la entidad denunciaron que existen investigaciones estancadas o donde los presuntos responsables han quedado en libertad debido a carpetas mal integradas. Un ejemplo expuesto ante la opinión pública es el caso de la doctora Lisseth Paulina Gómez Zenteno, cuya madre ha presentado denuncias penales contra agentes del Ministerio Público por presuntas irregularidades que permitieron la fuga del señalado.
3. Investigación obligatoria con perspectiva de género: La norma busca institucionalizar los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia histórica de 2015 del caso Mariana Lima Buendía, la cual establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse desde un inicio bajo el protocolo de feminicidio.
4. Alza en las cifras de violencia de género: De acuerdo con estimaciones y reportes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los casos de feminicidio y homicidio doloso contra mujeres en la entidad han registrado incrementos considerables en lo que va del año 2026, lo que motivó a las colectivas a exigir el fin de la impunidad institucional.

Las colectivas locales anunciaron movilizaciones y dieron a conocer que continuarán con la presión social e institucional hasta que el marco penal chiapaneco incorpore este instrumento jurídico de protección a los derechos de las víctimas y sus familias.