Ciudad de México – El Instituto Nacional Electoral (INE) procederá legalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras la detección de irregularidades graves en adjudicaciones y licitaciones públicas. El monto total bajo investigación asciende a 1,173 millones de pesos, relacionados con la producción de la credencial para votar y la organización del proceso de elección judicial.

La acción legal surge a partir de auditorías internas desarrolladas por el Órgano Interno de Control (OIC) y revisiones de la Comisión de Administración del Instituto, las cuales detectaron inconsistencias en la asignación de contratos de gran escala.

Contratos bajo la lupa: producción de credenciales y elección judicial

Las inconsistencias señaladas se concentran principalmente en dos vertientes operativas de alto presupuesto:

1. Producción de la Credencial para Votar: Contratos vinculados a la adquisición de insumos, emisión y logística de la credencial electoral, los cuales representan la mayor parte de los recursos auditados.
2. Infraestructura y servicios para la elección judicial: Licitaciones para sistemas informáticos, equipamiento operativo y logística estratégica requerida para el desarrollo de la elección extraordinaria de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Marco de actuación penal: La denuncia formal se presentará ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electoral (FISEL) y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), ambas adscritas a la FGR, con el objetivo de deslindar responsabilidades tanto de servidores públicos del órgano electoral como de las empresas proveedoras involucradas.

Estatus del proceso penal e implicaciones

Las indagatorias señalan posibles conductas delictivas tipificadas en el Código Penal Federal, incluyendo ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, y probable coalición de servidores públicos.

El INE ratificó que colaborará con el Ministerio Público de la Federación aportando los dictámenes técnicos, actas de entrega-recepción, transferencias bancarias y contratos firmados, garantizando la continuidad de las funciones electorales normativas sin afectar la emisión de documentos oficiales ni los procesos electorales programados.