Ciudad de México – El ex fiscal del estado de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, promovió un juicio de amparo ante la justicia federal para evitar ser detenido, comparecido o presentado ante las autoridades por probables órdenes judiciales dictadas en su contra.

El recurso legal fue presentado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, órgano judicial que admitió a trámite la solicitud del exfuncionario y procedió a fijar los plazos correspondientes para determinar la procedencia de la protección legal.

Detalles del trámite legal y el alcance del amparo

La medida interpuesta por la defensa legal del exfiscal persigue frenar cualquier acto privativo de la libertad ejercido por mandos judiciales o policiales:

• Actos reclamados: En la demanda se señalan como actos de reclamo la posible emisión, libramiento y ejecución de una orden de aprehensión, comparecencia o presentación, así como cualquier citación dictada en su contra por parte de las autoridades competentes.
• Informes previos y justificantes: El juez federal apercibió a las autoridades judiciales y ministeriales de la entidad para que rincan sus informes previos y justificados, confirmando o negando si existe en la actualidad un mandato de captura vigente contra Zuany Portillo.
• Incidente de suspensión: El órgano jurisdiccional aperturó el incidente de suspensión para resolver de forma provisional —y posteriormente definitiva— si concede la medida cautelar que impida provisionalmente su detención, sujeto al pago de una garantía y al cumplimiento de los requisitos fijados por la Ley de Amparo.

Contexto y trayectoria institucional

Guillermo Arturo Zuany Portillo desempeñó diversos cargos de relevancia en el sistema de procuración de justicia del estado de Chihuahua, incluyendo su gestión al frente de la entonces Fiscalía General del Estado. Su nombre también cobró notoriedad pública en administraciones previas por su intervención dentro del aparato policial y penal de la entidad.

La interposición del amparo no invalida las investigaciones de las autoridades judiciales, sino que obliga a que cualquier acto de privación de la libertad se apegue estrictamente a la legalidad y al debido proceso mientras el juzgado de distrito emite una resolución definitiva sobre la suspensión.