Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cuatro ex servidores públicos de la Secretaría de Salud de Chiapas fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones, como resultado de las investigaciones impulsadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la dependencia estatal, la resolución judicial se enmarca en la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad promovida por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha instruido que las presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos sean investigadas y, en su caso, llevadas ante las autoridades competentes conforme a derecho.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que los cuatro ex funcionarios son investigados por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones, al señalar que presuntamente omitieron cumplir con las atribuciones inherentes a los cargos que desempeñaban dentro de la Secretaría de Salud.

La dependencia explicó que la vinculación a proceso fue posible tras la integración de las investigaciones administrativas correspondientes, en las que se recabaron elementos de prueba que posteriormente dieron sustento a las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial.

Asimismo, indicó que durante el desarrollo de la investigación penal se mantuvo una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de conducir las diligencias y presentar el caso ante el órgano jurisdiccional.

Según lo informado, el juez determinó que existen datos de prueba suficientes para que continúe el proceso penal en contra de los cuatro ex servidores públicos, sin que ello implique una resolución sobre su responsabilidad definitiva.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que la resolución judicial respeta en todo momento los principios constitucionales de presunción de inocencia, debido proceso y tutela judicial efectiva, por lo que será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando se determine la situación jurídica de las personas imputadas.

La dependencia estatal reiteró que continuará desarrollando investigaciones con apego a la legalidad, privilegiando el trabajo técnico y jurídico para sustentar cada expediente y garantizar que las conductas que presuntamente vulneren el marco normativo sean puestas a disposición de las autoridades competentes.