WASHINGTON.- La fiscal general de Estados Unidos afirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán procesados en tribunales federales por delitos graves vinculados con narcotráfico y terrorismo, luego de haber sido capturados y trasladados fuera de Venezuela en una operación encabezada por fuerzas estadounidenses.

La titular del Departamento de Justicia, Pam Bondi, sostuvo que el caso marcará un precedente en la persecución penal contra líderes extranjeros acusados de utilizar estructuras del Estado para actividades criminales. En un mensaje difundido en redes sociales, la funcionaria aseguró: “Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”.

Bondi detalló que las acusaciones contra el mandatario venezolano incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Subrayó que estas imputaciones forman parte de una investigación de largo alcance que documenta el uso sistemático del poder público para proteger redes delictivas internacionales.

La fiscal general confirmó que el expediente quedó radicado en el Distrito Sur de Nueva York, jurisdicción en la que también fueron imputados otros altos integrantes del aparato de poder venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y Nicolás Ernesto Maduro, hijo del mandatario. Según la fiscalía, todos ellos habrían participado, en distintos niveles, en la protección y expansión de operaciones criminales transnacionales.

En su posicionamiento, Bondi agradeció al presidente Donald Trump por respaldar la acción judicial y reconoció el papel de las fuerzas armadas estadounidenses en la captura de los acusados. Señaló que la operación permitió asegurar a los presuntos responsables para que comparezcan ante la justicia, evitando —dijo— que continúen evadiendo responsabilidades penales.

De acuerdo con la acusación federal, durante más de 25 años se habría utilizado al Estado venezolano como plataforma para el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense, fortaleciendo con ello a organizaciones criminales y consolidando una élite política y militar beneficiada por el tráfico de drogas. En ese contexto, la fiscal general insistió en que el proceso judicial busca desmantelar un esquema que, a su juicio, convirtió a instituciones públicas en instrumentos del crimen organizado.

Bondi recalcó que el caso no tiene motivaciones políticas, sino que responde a pruebas acumuladas durante años por agencias federales. Añadió que el mensaje es claro: ningún cargo público, por alto que sea, garantiza impunidad frente a la ley estadounidense. El narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos, subrayó, serán perseguidos incluso cuando involucren a jefes de Estado extranjeros.