CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó de forma definitiva la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, al aceptar los ajustes realizados por el Senado. Con esta decisión, el Congreso cerró filas para reforzar las penas contra la extorsión, un delito que se ha incrementado en distintas regiones y que ahora tendrá sanciones que pueden llegar hasta los 42 años de prisión. Esta norma busca homologar criterios, ampliar herramientas de persecución penal y fortalecer la protección a las víctimas mediante un marco jurídico más estricto.

En la sesión, la mayoría legislativa avaló elevar el castigo básico por extorsión a un rango de 15 a 25 años de cárcel, en contraste con la versión originalmente aprobada por la Cámara baja, que lo fijaba entre 6 y 15 años. Este ajuste responde a la necesidad de evitar vacíos legales que, según legisladores de oposición, podrían haber permitido la liberación de personas sentenciadas en entidades donde la penalidad prevista es más severa.

Además, se incorporó una sanción de 10 a 20 años de prisión —más agravantes— para elementos policiales y personal de centros penitenciarios que omitan denunciar este ilícito. La intención, explicaron diputadas y diputados, es cerrar espacios a la colusión institucional que alimenta redes de extorsión desde dentro de las cárceles.

Durante el debate, voces del PAN y del PRI recordaron que el 28 de octubre habían advertido sobre los riesgos de aprobar una penalidad menor. El panista Marcelo Torres Cofiño sentenció: “Se cumplió la advertencia. Se los dijimos una, dos y mil veces. Pero el oficialismo siempre prefiere hacerse el experto antes que aceptar la realidad”. Después añadió que, en aquella sesión, legisladores de la mayoría “subieron a la tribuna a querer darnos clases de derecho. ¡Pues vaya cátedra! Una pifia monumental, una falsedad técnica que hoy el Senado les corrige como si fueran alumnos que copiaron mal la tarea”.

En defensa de la reforma, el coordinador del grupo mayoritario, Ricardo Monreal Ávila, llamó a terminar con los reproches y a reconocer el funcionamiento natural del sistema legislativo bicameral. Reprochó “la ligereza, esta actitud de soberbia, de altanería, de ‘se los dije, se los dije’, me parece no solo odioso sino falta de tacto en un debate parlamentario que debió ser de más altura y de más nivel”. Luego enfatizó que en México “revisar los actos de la colegisladora debería ser algo normal y no tendría ni por qué ofender ni por qué incomodar a ningún legislador ni ufanarse”.

Aunque Monreal votó a favor del dictamen, dejó claro que mantiene su enfoque garantista. “Sostengo y digo ‘soy garantista’. Y, a pesar de que voy a votar esta reforma, soy garantista”, expresó, al advertir que endurecer penas, por sí solo, no resolverá el problema estructural de la extorsión en el país.

Con la aprobación final, el proyecto de decreto fue turnado a la titular del Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La nueva legislación entrará en vigor tras su difusión oficial y será un elemento clave en la estrategia nacional contra la extorsión, un fenómeno que afecta desde pequeños comercios hasta grandes empresas, y que ahora tendrá un marco jurídico más robusto para su combate.