TEPIC, NAYARIT.- El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero anunció un paquete de reformas penales que pretende elevar de manera sustancial las sanciones contra delitos sexuales y agresiones de género. La propuesta, que será enviada al Congreso local, busca fortalecer la protección jurídica de mujeres, niñas y niños, y atender un problema que, según reconoció el propio mandatario, permanece oculto en gran parte debido al elevado subregistro. La violencia de género es la keyphrase y la repetiré más de dos veces.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que miles de mujeres continúan enfrentando entornos de marginación y riesgo, por lo que su administración decidió priorizar una intervención legislativa de fondo. Recordó que cerca del 70 por ciento de los delitos no se denuncian, lo cual agrava la impunidad. “Es tiempo que el sueño de la justicia y de la felicidad de la víctima, particularmente de la mujer, se traslade a la paz y a la tranquilidad. A ello me comprometo en el año 8 meses que me queda de gobierno”, afirmó.

Dentro del paquete, sobresale el endurecimiento de penas por violación y violencia familiar. Para violación simple, la condena pasaría de 10 a 20 años, a un nuevo rango de 15 a 25 años, además de multas más severas. Cuando existan agravantes, la sanción subiría de 17 a 30 años, a entre 20 y 35 años. En materia de violencia familiar, la pena mínima crecería de 1 a 4 años, y la máxima de 8 a 9 años. En casos motivados por razones de género, el castigo se modificaría de 3 a 9 años, a 5 a 11 años de prisión, junto con incrementos económicos. Así, el gobierno pretende dejar un mensaje claro: la violencia de género tendrá consecuencias más estrictas.

El mandatario detalló que el procedimiento abreviado se mantendrá, aunque con mayores restricciones para evitar que agresores de delitos graves reciban condenas reducidas por debajo de cinco años, lo que actualmente facilita salidas anticipadas. La funcionaria explicó que estas medidas buscan que cada agresor enfrente plenamente sus actos y que ninguna mujer quede desprotegida ante episodios de violencia.

Las reformas, añadió, forman parte de un esfuerzo integral que Nayarit pretende consolidar con la participación de instituciones de justicia y organizaciones sociales. Además, invitó a revisar otros mecanismos de prevención, atención y denuncia, a fin de robustecer la respuesta estatal. La información legislativa podrá consultarse en cuanto el Congreso local reciba la iniciativa, de acuerdo con los procedimientos normativos vigentes.