San Francisco.- Un tribunal federal de Estados Unidos aprobó de manera definitiva un acuerdo por 700 millones de dólares que resuelve una demanda antimonopolio contra Google por sus prácticas en la distribución de aplicaciones y los pagos dentro de Android, tras cinco años de litigio.

La resolución del juez James Donato, de la Corte Federal del Distrito Norte de California, establece que la mayor parte del dinero será destinada a consumidores que realizaron compras en Google Play entre agosto de 2016 y septiembre de 2023. La mayoría de los pagos se efectuará de forma automática mediante PayPal o Venmo, sin que los beneficiarios tengan que presentar una reclamación.

El proceso fue iniciado en 2021 por los fiscales generales de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. La coalición acusó a Google de utilizar su posición dominante para restringir la competencia en la distribución de aplicaciones para Android y cobrar comisiones de hasta 30 por ciento en determinadas transacciones.

“Google aprovechó su posición dominante en el mercado de aplicaciones para inflar los precios”, señaló la fiscal general de Arizona, Kris Mayes.

“Con este acuerdo, dejamos claro que este tipo de prácticas anticompetitivas no serán toleradas. Un mercado competitivo y justo promueve precios más bajos, bienes y servicios de mayor calidad y más opciones”.

Además de la compensación económica, Google deberá modificar algunas de las condiciones de operación de Play Store. Durante al menos cinco años, los desarrolladores podrán recurrir a sistemas de facturación alternativos, informar a los usuarios sobre precios más bajos disponibles fuera de la plataforma y distribuir sus aplicaciones mediante tiendas rivales sin enfrentar represalias.

El acuerdo también contempla que los usuarios de Android puedan instalar aplicaciones provenientes de fuentes distintas a Google Play durante un periodo mínimo de siete años.

La parte estatal del acuerdo incluye 70 millones de dólares destinados a los estados, territorios y jurisdicciones participantes. El resto del fondo se utilizará principalmente para compensar a los consumidores elegibles, una vez descontados los gastos y honorarios autorizados por el tribunal.

La participación de Arizona estuvo encabezada por Robert Bernheim, jefe de la Unidad de Antimonopolio y Privacidad, y Jayme Weber, abogada litigante sénior.