Quito.- Estados Unidos inició operaciones militares contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en el norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, con autorización del gobierno de Daniel Noboa y como parte del acuerdo Escudo de las Américas, una coalición antidrogas promovida por el presidente estadunidense Donald Trump.

El gobernador de Esmeraldas, Juan Jaramillo, confirmó este jueves 20 de agosto la participación de fuerzas estadunidenses en las acciones conjuntas. “Estamos con el séptimo grupo del ejército de los Estados Unidos trabajando en conjunto en la lucha contra el narcoterrorismo”, declaró, sin precisar cuántos efectivos permanecen desplegados ni desde qué fecha.

La operación ocurre mientras Ecuador enfrenta un repunte de la violencia. Entre enero y junio de 2026 se registraron 4 mil 882 asesinatos, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, lo que representa el segundo semestre más letal en la historia reciente del país. Los homicidios se concentran principalmente en la región litoral y otros territorios utilizados para el traslado de drogas.

El jefe del Comando Sur estadunidense, Francis Donovan, llegó el martes a Ecuador para reunirse con el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado. Los funcionarios mantienen bajo reserva los detalles de la estrategia operativa.

Loffredo informó este jueves que dos barcos de guerra y tres helicópteros Black Hawk de Estados Unidos arribaron al país para apoyar tareas de vigilancia e interdicción en áreas marítimas y ciudades costeras, entre ellas Manta. “Vamos a aumentar por tres nuestras capacidades de interdicción en la zona marítima”, señaló en un video difundido en redes sociales.

La presencia estadunidense quedó respaldada además por un decreto divulgado el miércoles por el gobierno de Noboa. La disposición permite que militares de Estados Unidos y empresas contratadas por el Departamento de Defensa permanezcan en territorio ecuatoriano hasta 180 días sin visa y con inmunidad migratoria.

Esmeraldas se encuentra entre las provincias más golpeadas por la violencia, sólo detrás de Guayas y Pichincha. Su ubicación también la convierte en un punto estratégico para las estructuras dedicadas al tráfico de drogas mediante puertos del Pacífico con destino a Estados Unidos y Europa.

La intervención militar coincide con un escenario de creciente inconformidad social. Después de que el Consejo Nacional Electoral rechazó avanzar con el proceso de revocatoria del mandato de Noboa, familiares de personas privadas de la libertad protestaron frente a la cárcel de “El Encuentro” para denunciar problemas de alimentación, medicamentos, atención médica y restricciones para comunicarse con los internos y sus abogados.

El Frente Unitario de Trabajadores también prepara movilizaciones contra las reformas económicas impulsadas por Noboa. Las organizaciones sindicales realizaron esta semana convenciones nacionales para definir las acciones, aunque hasta ahora los llamados permanecen en una etapa de organización.

En la Amazonia, indígenas Waorani demandaron el cierre definitivo del bloque petrolero 43-ITT. Argumentan que han transcurrido tres años desde el referendo en el que los votantes aprobaron detener la explotación del área.

A estas protestas se sumó el rechazo de organizaciones campesinas e indígenas a la prisión preventiva dictada contra el dirigente Guido Perugachi, acusado de provocar disturbios durante el paro nacional de septiembre de 2025. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras y la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi mantienen una postura de alerta y evalúan acciones políticas, sin que hasta ahora hayan convocado bloqueos carreteros o movilizaciones hacia las principales ciudades.