El Salvador – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma legal que permite imponer penas de prisión perpetua a menores de edad que cometan delitos considerados graves, como homicidio, violación o terrorismo, medida que forma parte de la política de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

La reforma fue aprobada por mayoría legislativa el 26 de marzo de 2026, como parte de un paquete de modificaciones al sistema penal salvadoreño. Estas modificaciones permiten que adolescentes entre 12 y 18 años puedan recibir condenas de por vida cuando se compruebe su participación en delitos graves o en organizaciones criminales, especialmente pandillas.

De acuerdo con la nueva normativa, la pena de prisión perpetua podrá aplicarse en casos de homicidio, feminicidio, violación y terrorismo, delitos que en el contexto salvadoreño incluyen la pertenencia a pandillas consideradas como organizaciones terroristas por la legislación nacional.

Antes de esta reforma, la legislación salvadoreña establecía límites máximos de internamiento para menores: hasta 10 años de prisión para jóvenes de 12 a 15 años y hasta 20 años para adolescentes de 16 a 18 años. Con la nueva ley, esos límites se eliminaron en determinados casos, permitiendo condenas sin un plazo máximo definido.

Además, la legislación establece que las condenas a cadena perpetua para menores deberán ser revisadas periódicamente, lo que, según las autoridades salvadoreñas, permite que la medida sea compatible con estándares internacionales en materia de justicia juvenil.

La aprobación de esta medida se enmarca en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno desde 2022, conocida por su combate frontal contra las pandillas. Esta política ha incluido la declaración de un régimen de excepción, que ha permitido arrestos masivos de presuntos integrantes de organizaciones criminales.

A pesar del respaldo gubernamental, la medida ha generado críticas por parte de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. La organización Human Rights Watch advirtió que permitir la cadena perpetua para menores contradice principios fundamentales del sistema de justicia juvenil, cuyo objetivo principal es la reinserción social.

También se han señalado preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos en el marco del combate contra las pandillas, incluyendo denuncias de detenciones arbitrarias y procesos judiciales cuestionados.

La aprobación de la prisión perpetua para menores refleja el endurecimiento de la política criminal en El Salvador y muestra la intención del gobierno de reforzar las medidas contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, el debate sobre los límites legales y éticos de esta decisión continúa tanto dentro del país como en la comunidad internacional.