El Supremo Tribunal Federal de Brasil concluyó ayer el juicio contra los responsables del plan de magnicidio, y con ello confirmó una conspiración militar que involucró a ocho soldados y un policía, todos acusados de preparar el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades en 2022.

La Primera Sala del Supremo declaró culpables a nueve de los diez acusados por participar en la trama que también apuntaba contra el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro Alexandre de Moraes. Los magistrados fijaron penas que van del año y once meses hasta los 24 años de prisión, mientras que un general fue absuelto por falta de pruebas.

Durante la sesión, de Moraes recordó que los implicados elaboraron un plan para la “neutralización de autoridades públicas brasileñas… Neutralización es un término eufemístico. Es asesinato, homicidio, muerte de autoridades”, expresó al emitir su voto. Las investigaciones revelaron seguimiento directo tanto al magistrado como al mandatario.

Tres de los sentenciados son altos mandos del Ejército: Rodrigo Bezerra de Azevedo y Rafael Martins de Oliveira, con 21 años de cárcel, y Hélio Ferreira Lima, con 24 años. El policía federal Wladimir Matos Soares recibió 21 años tras difundirse un audio donde afirmó que “Moraes debería haber sido decapitado”, según la acusación.

Los otros condenados incluyen a los coroneles Bernardo Corrêa, Fabrício Moreira y Márcio Nunes, así como a los tenientes coroneles Sérgio Cavaliere y Ronald Ferreira. Dos de ellos tuvieron desclasificación de delitos y cumplen penas menores en régimen abierto, con opción a acuerdo para evitar su ejecución penal inmediata.

El Supremo determinó que los responsables integraban los llamados “kids pretos”, grupo de fuerzas especiales que planeó matar a Moraes mediante disparos y envenenar a Lula con medicamentos. La Fiscalía vinculó directamente esta trama con el proceso de Jair Bolsonaro por liderar una organización criminal destinada a impedir la transición democrática.

Los jueces señalaron que Bolsonaro fue informado de los planes en noviembre de 2022 y que la conspiración no avanzó por “falta de apoyo de los comandantes del ejército y la fuerza aérea”, según reportes citados por la AFP. El expresidente ya fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y permanece bajo arresto domiciliario.