Tapachula, Chiapas – Autoridades de Chiapas han detenido a 11 personas extranjeras que fueron deportadas desde Estados Unidos y que, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, contaban con antecedentes penales y órdenes de aprehensión vigentes en países de Centroamérica. Los casos fueron identificados mediante la coordinación entre autoridades migratorias y de seguridad.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que entre 2025 y 2026 han sido detenidos ocho ciudadanos salvadoreños, dos guatemaltecos y un hondureño. Según los datos proporcionados por la Fiscalía, las investigaciones están relacionadas con delitos como homicidio, pandillerismo, estafa, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas y terrorismo.

El funcionario explicó que el mecanismo de identificación se ha fortalecido mediante el intercambio de información entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía estatal. Esta coordinación mantiene conexión con el Centro Antipandillas Trasnacional, lo que permite consultar alertas y datos relacionados con personas que podrían tener requerimientos judiciales en sus países de origen.

Llaven Abarca señaló que algunos de los extranjeros deportados desde Estados Unidos tienen antecedentes o procesos pendientes en Guatemala, Honduras o El Salvador. De acuerdo con sus declaraciones, únicamente durante 2025 se habían identificado seis personas con órdenes de captura en sus países de origen.

El tema fue abordado este viernes durante una reunión del fiscal con empresarios del centro de Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala. En ese encuentro también se planteó la importancia de reforzar los mecanismos de identificación de personas extranjeras que sean detenidas por algún delito en la ciudad.

El fiscal explicó que el INM cuenta con un sistema biométrico conectado con bases de datos de otros países, herramienta que permite verificar la identidad de las personas y consultar posibles alertas. La Fiscalía estatal y el Instituto trabajan además para ampliar el acceso a esta información a las autoridades municipales de Tapachula.

Las autoridades han señalado que el objetivo de esta coordinación es detectar oportunamente a personas que tengan requerimientos judiciales en otros países y, cuando corresponda conforme a los procedimientos legales, facilitar que enfrenten sus respectivos procesos en sus lugares de origen.