Ciudad de México – La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, envió al Congreso capitalino una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de establecer límites al aumento de las rentas y fortalecer el derecho a una vivienda adecuada en la capital del país.

Esta propuesta forma parte de la llamada Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, cuyo propósito principal es frenar el incremento desproporcionado en los precios del alquiler y enfrentar fenómenos como la gentrificación y el desplazamiento de habitantes en diversas zonas de la ciudad.

La iniciativa plantea modificar el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México para elevar a rango constitucional principios relacionados con el derecho a la vivienda.

Entre los aspectos centrales se propone que los aumentos en el precio de las rentas no puedan superar el nivel de inflación anual, lo que busca brindar mayor estabilidad económica a las familias que viven en viviendas arrendadas.

De acuerdo con datos presentados por el gobierno capitalino, cerca de dos millones de personas viven en viviendas rentadas en la Ciudad de México, lo que representa una proporción significativa de la población.

Además, en algunas zonas el costo de las rentas ha aumentado hasta en 30 por ciento en los últimos años, lo que ha provocado que muchos hogares destinen hasta la mitad de sus ingresos al pago de vivienda.

La propuesta contempla cuatro ejes principales. El primero consiste en establecer el límite de incremento de rentas conforme a la inflación.

El segundo busca obligar al gobierno a impulsar una política integral que incremente la oferta de vivienda social y asequible, especialmente para jóvenes y sectores con menores ingresos.

El tercer eje propone la creación de una institución pública encargada de defender los derechos de arrendadores e inquilinos, mientras que el cuarto plantea reconocer constitucionalmente el derecho al arraigo vecinal y comunitario, con el fin de evitar desplazamientos forzados.

Además, esta reforma se plantea como la primera etapa de un proceso legislativo más amplio que culminará con la creación de una ley secundaria que establecerá mecanismos específicos para regular el mercado de renta en la ciudad.

La iniciativa también busca combatir la gentrificación, fenómeno que ha generado desplazamientos de población en zonas centrales y ha encarecido el acceso a la vivienda.

En este sentido, se prevé ampliar la reserva territorial destinada a vivienda social y crear herramientas legales para garantizar la permanencia de las comunidades en sus barrios.

Finalmente, la propuesta deberá ser analizada y discutida por el Congreso de la Ciudad de México en los próximos periodos legislativos, donde se definirán los mecanismos de aplicación y posibles sanciones.

En caso de ser aprobada, representaría uno de los cambios más relevantes en materia de vivienda en la capital, al establecer un modelo de regulación del mercado inmobiliario con enfoque social y de justicia territorial.