Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles en su conferencia matutina que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para eliminar las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de altos mandos de confianza, con el objetivo de terminar con privilegios financiados con recursos públicos y fortalecer la política de austeridad del gobierno federal.

Durante la llamada “mañanera del pueblo”, la mandataria explicó que la propuesta contempla modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones de este sector no podrán superar el 50 por ciento del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal. Precisó que la medida aplicará hacia adelante, por lo que no se modificarán derechos previamente adquiridos, pero sí se impedirá que continúen jubilaciones excesivas.

Sheinbaum Pardo subrayó que la iniciativa no afectará a trabajadores con contratos colectivos ni a prestaciones derivadas de negociaciones laborales históricas, ya que la reforma está dirigida exclusivamente a personal de confianza de alto nivel que actualmente percibe montos considerados desproporcionados. En ese sentido, reiteró que el propósito es eliminar privilegios y garantizar un uso más equitativo del presupuesto público.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, detalló que la reforma se fundamenta en los principios de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera, y que busca erradicar pensiones exorbitantes en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo.

Por su parte, la secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, expuso que existen casos de pensiones elevadas en diversas instituciones públicas. Señaló que en Luz y Fuerza del Centro en liquidación miles de extrabajadores perciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, y que en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad también se registran jubilaciones superiores al salario presidencial, lo que representa una carga significativa para las finanzas públicas.

Asimismo, se informó que en instituciones financieras del Estado como Nacional Financiera, Banobras y Bancomext existen pensionados con ingresos mayores a los de la jefa del Ejecutivo, lo que refuerza la necesidad de establecer un límite constitucional. Con la aprobación de la reforma, el gobierno federal estima recuperar alrededor de cinco mil millones de pesos anuales que serían canalizados a los Programas para el Bienestar.

La iniciativa será enviada al Senado en los próximos días para su análisis y eventual discusión legislativa, en un contexto en el que el gobierno federal ha insistido en consolidar un modelo de administración pública sin privilegios y con mayor disciplina presupuestaria. Si se aprueba, la medida marcaría un nuevo precedente en la regulación de percepciones y jubilaciones dentro del sector público mexicano.