Ciudad Victoria.- El proceso penal que enfrenta la exsecretaria de Finanzas de Tamaulipas, María de Lourdes Arteaga Reyna, avanzó este martes con la celebración de una audiencia intermedia en la que autoridades y defensa comenzaron a definir las pruebas que podrían ser presentadas durante un eventual juicio por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La exfuncionaria es investigada por un desvío millonario con más de 139 millones de pesos que originalmente estaban destinados a fortalecer proyectos de seguridad pública en la entidad. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sostiene que esos fondos habrían sido utilizados de manera distinta a la autorizada, lo que derivó en la apertura de una causa penal.

Durante la diligencia realizada en el sistema de justicia oral, las partes revisaron elementos probatorios y planteamientos jurídicos que serán considerados en las siguientes etapas del procedimiento. Esta fase tiene como propósito depurar la evidencia que eventualmente será presentada ante un tribunal.

El caso se remonta al ejercicio fiscal 2021, cuando el gobierno estatal contaba con montos etiquetados para infraestructura tecnológica y equipamiento relacionado con la vigilancia y la seguridad. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, una parte importante de ese dinero salió del esquema financiero donde se encontraba resguardada para ser colocada posteriormente en una institución bancaria.

Las indagatorias señalan que la operación involucró 139 millones 239 mil pesos. Posteriormente, el banco receptor enfrentó una crisis financiera que culminó con su quiebra, situación que colocó en riesgo la disponibilidad de los recursos públicos involucrados.

Por estos hechos, Arteaga Reyna fue vinculada a proceso en octubre de 2025 por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones. Desde entonces, el asunto permanece bajo análisis de las autoridades judiciales mientras se desarrollan las distintas etapas previstas por la ley.

La Fiscalía Anticorrupción busca acreditar que existieron decisiones administrativas que ocasionaron afectaciones al patrimonio público, mientras que la defensa de la exservidora pública mantiene su estrategia jurídica para controvertir los señalamientos formulados por el Ministerio Público.

Como parte de las medidas cautelares vigentes, la exsecretaria debe presentarse periódicamente ante las autoridades correspondientes para firmar y acreditar su permanencia en el lugar autorizado por el juez. Asimismo, tiene restricciones para salir del país y presentó una garantía económica fijada dentro del proceso.

Las investigaciones también han alcanzado a otros actores relacionados con el proyecto para el que estaban destinados los recursos, entre ellos la empresa Tres Diez, cuyo nombre aparece dentro de las actuaciones ministeriales que continúan integrándose.

Con la audiencia intermedia en marcha, el expediente entra en una etapa decisiva para determinar qué pruebas serán admitidas y si el caso reúne los elementos necesarios para avanzar hacia un juicio oral, donde se definirán las posibles responsabilidades legales derivadas de este presunto quebranto al erario estatal.