CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Salinas volvió al centro del debate público al impugnar la autonomía del Poder Judicial, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera otro de sus expedientes fiscales y confirmara el pago de 67 millones de pesos. Esta resolución de la SCJN, clave en la disputa, es uno de los temas que el corporativo considera parte de un patrón de decisiones contrarias a derecho; por ello, la resolución de la SCJN se ha convertido en el eje de sus reclamos.

El caso está vinculado con un amparo tramitado por Nueva Elektra del Milenio, filial del grupo, respecto a una multa superior a 67 millones de pesos. Con esta determinación, el máximo tribunal desatoró uno de los nueve expedientes que llevaban años detenidos, pese a haber recorrido previamente juzgados y tribunales federales de distintas instancias.

En un comunicado, el conglomerado afirmó tener disposición para cumplir con lo que considera legítimo, pero advirtió que “lo que no haremos jamás es conceder ante pretensiones abiertamente excesivas e ilegales”. La declaración ocurre después de que la autoridad fiscal notificara adeudos históricos que datan de 2008 y que superan los 48 mil millones de pesos.

La empresa también reprochó que el pleno revirtiera un impedimento emitido en 2024 por la extinta Segunda Sala que había limitado la participación de la ministra Lenia Batres en los expedientes relacionados con sus créditos fiscales. Alegó que la ministra “ha demostrado pública y sistemáticamente su prejuicio y sesgo” respecto a Ricardo Salinas Pliego y a sus compañías, lo que —a su juicio— afecta su derecho a una justicia imparcial.

Además, el corporativo sostuvo que las recientes resoluciones forman parte de un ambiente político adverso y acusó al máximo tribunal de operar bajo lineamientos que, según su versión, no corresponden al orden jurídico. Por esa razón, calificó al pleno como “ilegítimo” y a la Corte como una institución “espuria”.

Aun con estas críticas, la compañía adelantó que continuará la defensa de sus intereses en instancias nacionales e internacionales, al insistir en que los fallos del pleno no representan una conclusión definitiva. Subrayó también que, pese a las presiones que atribuye a la autoridad judicial, sostendrá su postura y su derecho a expresar públicamente sus inconformidades.