CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La detención se llevó a cabo en Miami, Florida, donde fue recluido en el centro migratorio de Krome mientras se resuelve su situación jurídica. 

Aunque el arresto responde a un asunto migratorio, Álvarez Puga es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada en México. La jueza federal Cecilia M. Altonaga, del Tribunal del Distrito Sur de Florida revisó el caso el 15 de octubre y concedió parcialmente un recurso de habeas corpus a favor del empresario. Determinó que el Álvarez Puga no debía permanecer bajo custodia y ordenó una audiencia de fianza individualizada conforme a la ley estadounidense.

De acuerdo con el expediente judicial, el empresario ingresó a Estados Unidos en julio de 2021 sin pasar por revisión migratoria y solicitó asilo político un año después. El tribunal consideró que, al tratarse de una detención con orden judicial y no un arresto en frontera, el acusado tiene derecho a una audiencia para revisar su custodia y posible liberación.

Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado fundador —junto a su hermano Alejandro Álvarez Puga— del despacho Álvarez Puga y Asociados, es investigado por presunto uso de empresas fantasma. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activas varias investigaciones en su contra y de su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. 

Según las acusaciones, su despacho de abogados (con presencia en 45 ciudades de México) habría facilitado la malversación de más de 2 mil 500 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

En enero de 2022, la FGR logró detener a tres operadores ligados a la red y solicitó fichas rojas de Interpol para ubicar a la pareja. Con esta captura, el caso podría avanzar hacia un proceso de extradición, fortaleciendo los esfuerzos del actual gobierno por combatir la impunidad y la corrupción.