Chenalhó, Chiapas – La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena y en coordinación con la Policía de Investigación, ejecutó una orden de aprehensión en contra de Rosa Pérez EJ (exalcaldesa del municipio de Chenalhó) como presunta responsable del delito de fraude agravado por un monto superior a los 4.5 millones de pesos en perjuicio de la hacienda pública municipal y de pobladores de la región de los Altos de Chiapas.

La detención de la exfuncionaria —quien encabezó la administración municipal de Chenalhó durante el periodo 2015-2018— se concretó tras una serie de auditorías y denuncias interpuestas ante los órganos de fiscalización estatal.

“Elementos de la Policía de Investigación dieron cumplimiento al mandato judicial instruido por un Juez de Control, logrando la captura de la exservidora pública señalada de quebrantar el patrimonio del municipio”, confirmó la FGE en un comunicado oficial.

El origen del quebranto financiero

De acuerdo con las carpetas de investigación integradas por el Ministerio Público, los hechos imputados se remontan a su ejercicio como presidenta municipal, cuando se autorizaron disposiciones presupuestales y la firma de contratos para obras públicas y programas sociales que no fueron ejecutados o que presentaron severas irregularidades financieras:

• Desvío de 4.5 millones de pesos: Las auditorías contables detectaron la emisión de cheques, transferencias bancarias e inconsistencias de comprobación de gastos por más de cuatro millones quinientos mil pesos sin el debido soporte documental ni la entrega física de los insumos prometidos a las comunidades indígenas.
• Incumplimiento de obras e insumos: Los recursos desviados estaban etiquetados originalmente para infraestructura básica, abastecimiento y proyectos de desarrollo social en localidades vulnerables de Chenalhó.

Antecedentes y proceso legal

La gestión de Rosa Pérez al frente de Chenalhó estuvo marcada por una profunda inestabilidad política y social en los Altos de Chiapas, que incluyó conflictos postelectorales, toma de instalaciones municipales y disputas con el patronato tradicional de la demarcación.

Tras su captura, la exalcaldesa fue trasladada e ingresada al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como “El Amate”, en el municipio de Cintrálapa, donde quedó a disposición del Juez de la Causa. En las próximas horas las autoridades judiciales celebrarán la audiencia inicial para definir su situación jurídica y determinar si se le vincula a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.