CIUDAD DE MÉXICO.– El gobierno federal presentó un anteproyecto de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) con el fin de sancionar el huachicol de agua y frenar la corrupción en el otorgamiento de concesiones. La propuesta, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será publicada en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) antes de llegar al Congreso de la Unión para su discusión.

El eje central de la iniciativa es garantizar el acceso equitativo al agua como derecho universal y asegurar su uso responsable frente a prácticas ilegales que afectan a comunidades y al medio ambiente.

Entre las conductas que se castigarán están: el uso de volúmenes superiores a los autorizados, extracción en zonas vedadas, utilización sin concesión, cambio de uso sin permiso, venta irregular de concesiones, manipulación de medidores y bloqueos o desvíos de cauces. También se sancionará a servidores públicos que otorguen concesiones a cambio de favores o sobornos.

Las multas propuestas van de 260 a 50,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 29,416 y 5.6 millones de pesos, cifras que superan el límite actual de casi 3 millones de pesos. Además, se plantean sanciones administrativas como la clausura de obras ilegales, demolición, retención de maquinaria y revocación de concesiones. En caso de reincidencia, las multas se triplicarían.

El proyecto contempla penas de entre 2 y 12 años de cárcel para quienes desvíen cauces o realicen traslados de agua sin autorización; de 1 a 9 años para quienes manipulen medidores; y hasta 12 años tanto para particulares que obtengan concesiones mediante sobornos como para funcionarios que las otorguen de manera irregular.

El anteproyecto introduce la figura de “responsabilidad hídrica”, un reconocimiento oficial para concesionarios que usen el recurso de manera transparente y sostenible. Esto funcionará como incentivo para reducir sanciones administrativas y promover buenas prácticas.

La propuesta será analizada en el Congreso de la Unión, donde podrá recibir modificaciones. De aprobarse, marcaría un cambio estructural en la gestión del agua en México, cerrando espacios a la corrupción, asegurando un acceso más justo y estableciendo sanciones claras para quienes la exploten ilegalmente.