Washington.- La administración del presidente Donald Trump endureció su postura migratoria en Estados Unidos al anunciar que reforzará las acciones contra el llamado “turismo de nacimiento”, luego del revés judicial que impidió avanzar en su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva. La medida fue defendida por el fiscal general interino, Todd Blanche, mientras el asesor de seguridad, Stephen Miller, criticó con dureza a la Suprema Corte de Justicia por el fallo reciente.

De acuerdo con el funcionario, pese a la decisión del máximo tribunal emitida un día antes, el gobierno federal mantendrá como objetivo a mujeres extranjeras que viajan al país con la finalidad de dar a luz. En este contexto, la estrategia oficial busca restringir el acceso a la llamada ciudadanía que se otorga automáticamente a los nacidos en territorio estadounidense, una disposición constitucional vigente desde hace más de un siglo.

Blanche sostuvo que el fenómeno del turismo de nacimiento continúa en expansión y que la administración buscará contenerlo mediante ajustes en los procesos migratorios. “El turismo de nacimiento es una industria en auge y va a seguir creciendo”, afirmó. Añadió además: “hay otras cosas que (…) el gobierno federal puede hacer en los procesos de la visa y de aplicación para minimizar o limitar la oportunidad a personas de venir acá (…) sólo para tener a su bebé y que pueda ser entonces un ciudadano estadunidense”, agregó.

El discurso oficial ha colocado el tema de la ciudadanía por nacimiento en el centro del debate político y jurídico en Estados Unidos, particularmente tras los intentos del Ejecutivo por reinterpretar su alcance constitucional. En ese marco, sectores del gobierno han insistido en que el turismo de nacimiento representa un abuso del sistema migratorio y del derecho a la ciudadanía.

La Casa Blanca ha enfocado parte de su narrativa en casos provenientes de distintos países, con especial énfasis en China, al argumentar que existen redes que facilitan viajes con el objetivo de obtener la ciudadanía estadounidense para recién nacidos. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles han advertido que estas medidas podrían derivar en prácticas discriminatorias contra mujeres migrantes.

Por su parte, Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional y uno de los principales arquitectos de la política migratoria del gobierno de Trump, arremetió contra la decisión de la Suprema Corte, a la que calificó como un obstáculo para la agenda oficial. “una de las decisiones más destructivas e indignantes en la larga historia de la Suprema Corte”, señaló en entrevista con Fox News.

Miller cuestionó además el principio de la ciudadanía automática al nacimiento con argumentos de orden social y político. “¿Pueden venir al país, tener un bebé en un hospital pagado por usted y por mí, y ese niño automáticamente se convierte en ciudadano? ¿Puede formar parte de un jurado cuando cumpla 18 años y juzgarnos a usted, a mí y a nuestros seres queridos?”, expresó.

En su intervención, añadió una analogía para reforzar su postura: “puedo subirme mañana a la cabina de un 747. Eso no significa que sea el piloto de ese avión ni que esté calificado para volarlo”.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento se mantiene como uno de los puntos más sensibles en la agenda migratoria estadounidense, con implicaciones constitucionales, políticas y sociales que continúan generando divisiones entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y organizaciones defensoras de derechos humanos.