Ciudad de México – Mónica García Villegas, ex directora y propietaria del Colegio Enrique Rébsamen, informó ante un juez que no cuenta con recursos económicos para cubrir el pago de aproximadamente 11 millones de pesos por concepto de reparación del daño a las familias de las 26 personas que fallecieron tras el colapso del plantel durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Como alternativa, ofreció el terreno donde se ubicaba la escuela; sin embargo, dicho inmueble no pudo ser aceptado como garantía debido a que se encuentra sujeto a un procedimiento de extinción de dominio.

La audiencia se llevó a cabo en la Unidad de Gestión Especializada de Ejecución de Sanciones, en los juzgados ubicados sobre James Sullivan, en la Ciudad de México. Durante la diligencia, García Villegas señaló que no posee dinero ni otros bienes con los cuales cumplir la obligación económica derivada de la sentencia que le fue impuesta.

De acuerdo con los familiares de las víctimas y con la resolución judicial, el ofrecimiento del predio fue declarado improcedente, ya que el inmueble enfrenta un juicio de extinción de dominio promovido por las autoridades, por lo que la ex directora no tiene la libre disposición legal sobre esa propiedad para utilizarla como forma de pago.

Tras la decisión del juez, se ordenó iniciar un procedimiento económico coactivo, mediante el cual las autoridades realizarán una nueva investigación patrimonial para determinar si García Villegas posee cuentas bancarias, propiedades u otros bienes susceptibles de garantizar el pago de la reparación del daño establecida en la sentencia.

La reparación económica corresponde a las 26 víctimas mortales del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, ocurrido durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la alcaldía Tlalpan. En el colapso del inmueble perdieron la vida 19 estudiantes y siete adultos.

Mónica García Villegas cumple actualmente una sentencia de 29 años, cinco meses y 22 días de prisión por su responsabilidad en los hechos. Aunque la pena privativa de la libertad quedó firme tras diversos recursos legales, la obligación de reparar el daño a las víctimas permanece vigente y deberá cumplirse conforme a los mecanismos que determine la autoridad judicial.