Ciudad de México – La Fiscalía General de la República (FGR) asumió de manera formal la investigación iniciada tras la denuncia interpuesta en contra del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por su presunta responsabilidad en agresiones, presiones y actos de intimidación cometidos contra un activista y defensor de derechos humanos en la entidad.

Con esta atracción, el expediente abandona la jurisdicción del fuero común para ser procesado por las fiscalías especializadas del ámbito federal, garantizando la imparcialidad en el desahogo de las diligencias.

Claves y aspectos centrales del caso

Postura del Ejecutivo estatal: El equipo legal de la gubernatura de Jalisco ha manifestado su disposición para colaborar con los requerimientos que emita la FGR, sosteniendo que las imputaciones carecen de sustento probatorio y que se desahogarán los cauces institucionales correspondientes.

Atracción del expediente federal: La intervención del Ministerio Público de la Federación se da tras la solicitud formal de la defensa de la víctima, argumentando un posible conflicto de interés si las indagatorias permanecían bajo la órbita de las autoridades de procuración de justicia del estado de Jalisco.

Naturaleza de los hechos denunciados: La denuncia incluye la presunta comisión de delitos como presiones, amedrentamiento y agresiones dirigidas hacia el activista a raíz de su labor de denuncia pública y activismo social en la entidad, señalando la posible participación o responsabilidad por omisión de mandos y servidores públicos.

Garantía y protección a defensores: Al tratarse de un ataque presuntamente vinculado con el trabajo de defensa de derechos humanos, la FGR activó los protocolos de protección correspondientes para salvaguardar la integridad física del denunciante y de su entorno cercano.

Revisión de actuaciones y peritajes: Las fiscalías especializadas a cargo del caso realizarán una revisión exhaustiva de las pruebas aportadas, que incluyen grabaciones, testimonios y registros de comunicaciones, para determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente.