Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que realizará una investigación propia para reunir información y determinar si existen elementos que sustenten la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, con el objetivo de evaluar si está fundamentada legalmente la solicitud de órdenes de aprehensión.

Después de que el gobierno estadounidense diera a conocer la existencia de una orden de captura y una solicitud de detención provisional con fines de extradición, Ulises Lara López, vocero de la institución y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, explicó que este tipo de casos requiere cumplir estrictamente con los procedimientos y protocolos establecidos en la ley.

En ese contexto, la FGR, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, señaló que la solicitud de detención no está acompañada de pruebas suficientes que sustenten de manera sólida los hechos señalados, particularmente los presuntos vínculos de los acusados con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, integrantes de una facción del cártel de Sinaloa.

Del mismo modo, Lara López detalló que, de acuerdo a la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables, corresponde a la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales analizar la documentación recibida para verificar si existen elementos probatorios suficientes y determinar la viabilidad de la solicitud.

De forma paralela, la institución iniciará una investigación para obtener información adicional que permita establecer si la acusación cuenta con bases legales que justifiquen la emisión de órdenes de captura.

El funcionario subrayó que, de acuerdo con la legislación mexicana, es indispensable presentar datos de prueba que permitan inferir la probable comisión de un delito para solicitar una orden de aprehensión. No obstante, precisó que el tratado bilateral en la materia establece que la extradición solo será procedente si las pruebas cumplen con los requisitos legales del país requerido, es decir, México.

Asimismo, indicó que la solicitud estadounidense contempla que la información relacionada con estos procesos debe mantenerse bajo estricta confidencialidad, por lo que su difusión pública podría afectar la naturaleza reservada de los procedimientos penales y contravenir las normas aplicables.

En este sentido, recordó que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas obliga a resguardar la información y documentación intercambiada en este tipo de procesos, a fin de proteger su carácter confidencial.

Por último, Lara López destacó que, tratándose de funcionarios como gobernadores y senadores la ley mexicana exige un juicio de procedencia para retirarles la inmunidad procesal antes de proceder penalmente.

Con base en lo anterior, concluyó que la FGR debe apegarse estrictamente a lo que marca la ley y actuar con respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se pondrían en riesgo el estado de derecho y las garantías de las personas involucradas.