Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la convocatoria para iniciar el proceso de diálogo y consulta de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una propuesta que busca consolidar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos mediante un marco jurídico integral.

Durante la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal informó que la propuesta será sometida a consulta en las 16 mil 728 comunidades pertenecientes a los 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano del país, con el propósito de recoger opiniones, observaciones y planteamientos antes de enviarla al Congreso de la Unión.

Sheinbaum destacó que la iniciativa representa un hecho sin precedentes para el país, al reconocer plenamente los derechos colectivos e individuales de estos sectores de la población.

“Por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. Ese es el primer punto. Ahí mismo viene el tema de la discriminación, porque se garantizan todos los derechos, colectivos e individuales”, expresó.

La mandataria señaló que la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación marca el inicio formal de un proceso que culminará el próximo 12 de octubre, fecha en la que la iniciativa será presentada ante la Cámara de Diputados, una vez que haya sido analizada y aprobada por las comunidades participantes.

Asimismo, sostuvo que este ejercicio refleja la importancia de reconocer el legado histórico y cultural de los pueblos originarios en la construcción de la identidad nacional.

“Es un ejercicio único en la historia de México y es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural de México, que viene de hace miles de años”, afirmó.

La propuesta legislativa fue elaborada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y contempla mecanismos para fortalecer la autonomía, la libre determinación y la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la vida pública del país.

El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, explicó que la ley reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que permitirá ampliar sus capacidades de gestión y representación.

Entre los principales ejes de la iniciativa destacan el fortalecimiento de la autonomía indígena, el reconocimiento de los derechos de las comunidades afromexicanas, la protección de mujeres, niñas, niños y jóvenes, así como la inclusión de personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad pertenecientes a estos grupos.

Además, incorpora disposiciones relacionadas con la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y mecanismos para sancionar violaciones a sus derechos mediante procedimientos específicos y el juicio de amparo indígena y afromexicano.

Otro de los aspectos relevantes es que el contenido de la ley será traducido a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, con apoyo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para garantizar que la información llegue de manera accesible a todas las comunidades involucradas.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que el proceso de consulta se desarrollará en varias etapas. Primero se difundirá el contenido de la iniciativa; posteriormente se realizarán asambleas regionales y mesas de trabajo donde las comunidades deliberarán sobre la propuesta. Finalmente, las observaciones serán incorporadas a una versión definitiva que será presentada ante el Poder Legislativo.

La nueva legislación forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de México para fortalecer los derechos indígenas y consolidar el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios y afromexicanos como actores fundamentales en la vida política, social y cultural del país.