Se declaró culpable mexicano por integrar red internacional de tráfico de personas

Ciudad de México.- Un ciudadano mexicano extraditado a Estados Unidos aceptó su responsabilidad ante una corte federal por participar en una organización dedicada al tráfico ilegal de personas hacia territorio estadounidense, una estructura criminal que movilizó a miles de migrantes provenientes de diversos países y obtuvo ganancias millonarias mediante estas actividades.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Efraín Zúñiga García, de 38 años, reconoció su participación en una conspiración que operó entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023, periodo durante el cual la organización facilitó el ingreso irregular de personas procedentes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador.

De acuerdo con la investigación, el mexicano tenía a su cargo una casa de seguridad ubicada en Monterrey, Nuevo León, donde recibía y resguardaba temporalmente a los migrantes antes de que fueran trasladados hacia la frontera norte. Posteriormente, los entregaba a traficantes conocidos como “coyotes”, quienes realizaban los cruces clandestinos a través del Río Grande hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la organización también utilizaba otro inmueble en Piedras Negras, Coahuila, como parte de la logística para movilizar a los extranjeros.

Las pesquisas revelaron que la red operaba en varios países. Un traficante originario de Pakistán y establecido en Brasil se encargaba de contactar inicialmente a las personas interesadas en migrar. Después coordinaba acciones con colaboradores ubicados en San Antonio, Texas, así como con el hondureño Enil Edil Mejía Zúñiga, identificado como uno de los principales operadores de la estructura criminal.

Según documentos judiciales, Mejía Zúñiga dirigía las operaciones generales y financiaba a los conductores, guías y responsables de las casas de seguridad. Asimismo, reconoció ante las autoridades que la organización trasladó entre 2 mil 500 y 3 mil personas en apenas dos años.

Las investigaciones también establecen que los integrantes de la red cobraban entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por cada migrante transportado, generando ingresos estimados de entre 16 y 30 millones de dólares durante el periodo investigado.

Por estos hechos, Mejía Zúñiga fue sentenciado a 10 años de prisión en julio de 2025. En tanto, la mexicana Mónica Hernández Palma, de 34 años, recibió una condena de 41 meses de cárcel en mayo de 2026 por su participación en las actividades ilícitas.

Zúñiga García se declaró culpable de conspiración para transportar extranjeros a Estados Unidos, traslado de migrantes por beneficio económico y complicidad. La sentencia definitiva será determinada por un juez federal en una audiencia posterior.

Las autoridades indicaron que el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de tres años de prisión, aunque la sanción final dependerá de la valoración judicial y de las directrices federales aplicables al caso.

El Departamento de Justicia destacó que la captura y posterior extradición del mexicano fueron posibles gracias a la colaboración entre la Oficina de Asuntos Internacionales de Estados Unidos y las autoridades mexicanas, que trabajaron de manera coordinada para concretar el proceso legal.

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Redacción

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Se declaró culpable mexicano por integrar red internacional de tráfico de personas

Ciudad de México.- Un ciudadano mexicano extraditado a Estados Unidos aceptó su responsabilidad ante una corte federal por participar en una organización dedicada al tráfico ilegal de personas hacia territorio estadounidense, una estructura criminal que movilizó a miles de migrantes provenientes de diversos países y obtuvo ganancias millonarias mediante estas actividades.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Efraín Zúñiga García, de 38 años, reconoció su participación en una conspiración que operó entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023, periodo durante el cual la organización facilitó el ingreso irregular de personas procedentes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador.

De acuerdo con la investigación, el mexicano tenía a su cargo una casa de seguridad ubicada en Monterrey, Nuevo León, donde recibía y resguardaba temporalmente a los migrantes antes de que fueran trasladados hacia la frontera norte. Posteriormente, los entregaba a traficantes conocidos como “coyotes”, quienes realizaban los cruces clandestinos a través del Río Grande hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la organización también utilizaba otro inmueble en Piedras Negras, Coahuila, como parte de la logística para movilizar a los extranjeros.

Las pesquisas revelaron que la red operaba en varios países. Un traficante originario de Pakistán y establecido en Brasil se encargaba de contactar inicialmente a las personas interesadas en migrar. Después coordinaba acciones con colaboradores ubicados en San Antonio, Texas, así como con el hondureño Enil Edil Mejía Zúñiga, identificado como uno de los principales operadores de la estructura criminal.

Según documentos judiciales, Mejía Zúñiga dirigía las operaciones generales y financiaba a los conductores, guías y responsables de las casas de seguridad. Asimismo, reconoció ante las autoridades que la organización trasladó entre 2 mil 500 y 3 mil personas en apenas dos años.

Las investigaciones también establecen que los integrantes de la red cobraban entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por cada migrante transportado, generando ingresos estimados de entre 16 y 30 millones de dólares durante el periodo investigado.

Por estos hechos, Mejía Zúñiga fue sentenciado a 10 años de prisión en julio de 2025. En tanto, la mexicana Mónica Hernández Palma, de 34 años, recibió una condena de 41 meses de cárcel en mayo de 2026 por su participación en las actividades ilícitas.

Zúñiga García se declaró culpable de conspiración para transportar extranjeros a Estados Unidos, traslado de migrantes por beneficio económico y complicidad. La sentencia definitiva será determinada por un juez federal en una audiencia posterior.

Las autoridades indicaron que el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de tres años de prisión, aunque la sanción final dependerá de la valoración judicial y de las directrices federales aplicables al caso.

El Departamento de Justicia destacó que la captura y posterior extradición del mexicano fueron posibles gracias a la colaboración entre la Oficina de Asuntos Internacionales de Estados Unidos y las autoridades mexicanas, que trabajaron de manera coordinada para concretar el proceso legal.

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