Estado de México – Una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a 10 funcionarios y ex funcionarios de la administración estatal por su presunta participación en una red de corrupción dedicada a la creación y venta ilegal de plazas docentes.

Durante la audiencia celebrada en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que los imputados enfrenten un proceso penal por los delitos de fraude y abuso de autoridad. Asimismo, ordenó que permanezcan bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones complementarias.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la presunta red operó entre enero y noviembre de 2025 mediante la incorporación irregular de 168 personas a la nómina de la Secretaría de Educación estatal.

Para concretar el esquema se realizaron 324 movimientos administrativos, con los que incluso algunos beneficiarios recibieron dos plazas en planteles de nivel secundaria que se encontraban inactivos desde hacía varios años.

Las indagatorias señalan que las personas dadas de alta como supuestos docentes recibían únicamente entre dos mil y cuatro mil pesos por quincena, mientras que el resto del salario era retirado presuntamente por integrantes de la organización mediante tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de nómina.

Algunos de los registros correspondían a plazas con percepciones superiores a los 30 mil pesos mensuales e incluso cercanas a los 70 mil pesos, lo que habría permitido a la red obtener ganancias ilícitas estimadas en alrededor de 10 millones de pesos cada mes.

En el expediente que consignó la  Fiscalía mexiquense a una juez adscrita al penal estatal de Santiaguito, se identifica al titular de la Dirección General de Personal (DGP) y ex subsecretario de Administración del gobierno estatal, durante la época de Alfredo del Mazo, de ser el cabecilla de esta red.

Junto con él, están acusados, Yunuen “N”, quien era su pareja sentimental y quien ocupaba desde la época de Alfredo del Mazoy hasta la semana pasada el cargo de subdirectora de Actualización de la Base de datos de la Dirección General de Personal (DGP); Araceli “N”, quien directora de Remuneraciones de Personal en la DGP;  David “N”,  quien era el Director de Sistema de Tecnologías de la Información de la DGP;  Christopher “N”, subdirector de Desarrollo Tecnológico de la DGP; Diego Emmanuel “N”, jefe del Departamento de la Base de Datos de Nómina de la DGP;  Juan Alberto “N”, Delegado Administrativo de la DGP; Fabiola Lidia “N”, analista de la DGP; Daniel Arturo “N”, delegado administrativo del Subsistema de Educación Básica y Alfredo “N” ex delegado administrativo del Subsistema de Educación básica.

La Fiscalía mexiquense sostiene que el objetivo de esta red era obtener beneficios económicos mediante la asignación irregular de plazas docentes y el desvío de recursos públicos destinados al sector educativo.