Nuevo México, Estados Unidos – El gobierno del estado de Nuevo México evalúa presentar una demanda civil multimillonaria contra la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), luego de que salieran a la luz investigaciones que revelan que agentes federales permitieron, de manera deliberada, que cargamentos de fentanilo llegaran a las calles como parte de una estrategia para construir casos penales de mayor alcance contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, calificó la situación como un “fracaso asombroso” del gobierno federal y afirmó que el estado podría reclamar miles de millones de dólares por los daños ocasionados a la población.

Durante una conferencia de prensa en Albuquerque, sostuvo que buscará llevar el tema directamente ante la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos para exigir que este tipo de tácticas no vuelvan a aplicarse ni en Nuevo México ni en ninguna otra entidad del país.

Las declaraciones de la mandataria se producen después de una investigación de la agencia Associated Press, la cual reveló que entre 2023 y 2025 agentes de la DEA monitorearon repetidamente cargamentos de fentanilo sin intervenir para decomisarlos, con el objetivo de reunir más pruebas y fortalecer procesos judiciales contra presuntos líderes del narcotráfico.

Según testimonios de agentes en activo y retirados, entre ellos el denunciante David Howell, esta estrategia pudo haber violado lineamientos del Departamento de Justicia diseñados para proteger a la población.

La controversia ha generado una fuerte reacción debido a que Nuevo México enfrenta una de las crisis más severas por consumo de opioides sintéticos en Estados Unidos. Mientras las muertes por sobredosis relacionadas con fentanilo han mostrado una tendencia a la baja en varias regiones del país, en Nuevo México las cifras aumentaron alrededor de 21 por ciento, situación que la gobernadora atribuyó, en parte, a las decisiones adoptadas por la DEA durante esos años.

Michelle Lujan Grisham aseguró que el estado ha destinado enormes recursos para atender las consecuencias de la epidemia de fentanilo, incluyendo gastos en seguridad pública, atención médica, programas de tratamiento contra las adicciones y apoyo a las comunidades afectadas.

Por ello, señaló que una eventual demanda buscaría recuperar parte de esos recursos y establecer un precedente de responsabilidad para las autoridades federales.

En paralelo, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, inició una investigación criminal para determinar si las acciones de la DEA pudieron haber violado leyes estatales o constituir algún delito.

Asimismo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su Oficina del Inspector General, abrió una revisión interna sobre las denuncias formuladas por el ex agente David Howell y otros funcionarios involucrados en las operaciones.

Hasta el momento, la DEA no ha emitido una respuesta pública detallada sobre la intención del gobierno de Nuevo México de promover una demanda civil.