Ciudad de México – El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, informó que la propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos contempla una transición gradual del efectivo hacia medios de pago digitales, con las gasolineras y las carreteras como los primeros sectores en los que se analiza aplicar la medida.

Durante la conferencia matutina del día de hoy, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Peña Merino explicó que la iniciativa busca ampliar el uso de medios electrónicos de pago, reducir la dependencia del efectivo y facilitar la inclusión financiera. El proyecto fue enviado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2026.

El funcionario aclaró que la iniciativa no establece directamente cuáles serán los sectores en los que dejará de aceptarse efectivo. El texto propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine los llamados “sectores estratégicos” y “actividades relevantes”, mientras que las autoridades correspondientes establecerían los mecanismos y plazos para realizar una transición gradual.

Peña Merino señaló ante los legisladores que, entre los sectores considerados inicialmente, están las carreteras y las estaciones de servicio de gasolina. Explicó que la estrategia está relacionada con objetivos de seguridad y con la prevención de operaciones vinculadas con el lavado de dinero.

CoDi y transferencias como alternativas al efectivo

La propuesta busca impulsar herramientas como CoDi, desarrollado por el Banco de México, además de las transferencias electrónicas. Peña Merino destacó que el SPEI, operado por Banco de México, permite realizar transferencias de manera inmediata y que el objetivo es aprovechar la infraestructura financiera existente para ampliar el uso de pagos digitales.

En el caso de las carreteras, el titular de la ATDT informó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) concluyó la sustitución de infraestructura tecnológica para mejorar la lectura de dispositivos TAG. También se prevé habilitar carriles en los que los usuarios puedan pagar mediante CoDi.

El mecanismo contemplaría la generación de un código QR en pantalla para que el conductor realice la transferencia desde su teléfono celular. Una vez confirmado el pago, se habilitaría el paso por la caseta.

Gasolineras: conectividad, el principal reto

Respecto de las estaciones de gasolina, Peña Merino informó que la ATDT realizó un análisis de conectividad. Según los datos presentados, 98.45% de las 14 mil 980 gasolineras analizadas se encuentra en zonas con cobertura garantizada de internet.

El funcionario indicó que 174 estaciones no cuentan con cobertura garantizada, mientras que otras 57 se localizan en zonas sin cobertura, por lo que será necesario atender esos casos antes de establecer una transición completa al pago digital.

La iniciativa contempla además mecanismos para enfrentar posibles contingencias. El proyecto establece que, cuando una situación impida recibir medios de pago digitales o electrónicos, podrá permitirse el pago en efectivo o con cheque mientras persista la contingencia.

El cambio sería gradual

Peña Merino subrayó que la transición no ocurriría de manera inmediata. La iniciativa plantea que las autoridades establezcan plazos y mecanismos de implementación gradual, una vez que la legislación sea aprobada y entre en vigor.

En los artículos transitorios de la propuesta se establece que la Secretaría de Hacienda tendría 15 días hábiles después de la entrada en vigor de la ley para definir los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que se aplicarán estas disposiciones.

El proyecto también plantea que los tres órdenes de gobierno adopten mecanismos para aceptar pagos electrónicos y digitales en trámites y servicios públicos, mientras que proveedores de bienes y servicios deberán habilitar infraestructura para recibirlos.

De esta manera, la iniciativa busca aprovechar la infraestructura financiera y tecnológica existente para incrementar el uso de pagos digitales, aunque su aplicación concreta dependerá del proceso legislativo y de las disposiciones administrativas que posteriormente emitan las autoridades competentes.