Ciudad de México – La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, presentó la propuesta para actualizar de manera integral la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la LGEEPA, con el objetivo de adaptar el marco jurídico mexicano a los desafíos ambientales que enfrenta actualmente el país.

La titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra, ha señalado que la legislación vigente fue publicada en 1988 y que requiere una modernización profunda para incorporar los nuevos retos ambientales y conceptos como la restauración ecológica, la economía circular y las soluciones basadas en la naturaleza.

La propia Semarnat confirmó en agosto que trabaja en esta actualización y que la propuesta busca fortalecer instrumentos como la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica.

Durante la presentación, Bárcena planteó que la nueva legislación debe establecer una relación distinta entre el desarrollo económico, el bienestar de la población y la protección de la naturaleza, colocando como uno de sus ejes centrales el concepto de justicia ambiental.

La secretaria explicó que la protección del medio ambiente no puede separarse de la calidad de vida de la población, debido a que recursos como el agua, el aire, los alimentos y los ecosistemas son fundamentales tanto para la salud como para la economía.

Por ello, la propuesta busca que la política ambiental no se limite únicamente a sancionar cuando ya ocurrió un daño, sino que dé mayor importancia a prevenir, anticipar y reducir los impactos ambientales.

Uno de los instrumentos que se pretende fortalecer es la evaluación ambiental estratégica, que permitiría analizar de manera más amplia los efectos ambientales de políticas, programas y proyectos, evitando que diferentes obras relacionadas sean evaluadas de manera fragmentada cuando sus impactos pueden acumularse en una misma región.

Este enfoque ya ha sido explicado por funcionarios de Semarnat, quienes han señalado que la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental deben funcionar de manera complementaria para mejorar la toma de decisiones del gobierno.

Otro de los componentes relevantes es la participación de la sociedad.

La propuesta contempla dar mayor peso a las comunidades y, particularmente, a pueblos indígenas y afromexicanos, reconociendo que la protección de los ecosistemas también requiere incorporar los conocimientos y saberes tradicionales de quienes habitan y conocen directamente los territorios.

De acuerdo con la visión planteada por Semarnat, se busca pasar de un modelo en el que la conservación se hacía muchas veces sin la participación directa de las comunidades, hacia uno en el que la población tenga un papel más activo en las decisiones ambientales.

La iniciativa también pretende fortalecer el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como la participación ciudadana en asuntos relacionados con el territorio, los recursos naturales y los proyectos que puedan generar impactos ambientales.

Otro de los objetivos es ofrecer mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a los sectores productivos y a las inversiones, particularmente en regiones donde existen conflictos derivados de proyectos de desarrollo.

La actualización también incorpora la necesidad de utilizar el conocimiento científico, la innovación y las nuevas tecnologías para tomar decisiones ambientales, al tiempo que reconoce el valor de los conocimientos ancestrales para la conservación de la biodiversidad.

Entre los principios que orientan la propuesta se encuentra considerar al patrimonio natural como una base fundamental para la vida, la prosperidad y el bienestar; reconocer que no puede existir justicia social sin justicia ambiental; priorizar la prevención; conservar y restaurar los ecosistemas; sustentar las decisiones en conocimiento científico; ordenar el territorio y promover una cultura ambiental.

Además, se contempla fortalecer la protección de las personas que defienden la naturaleza y los bienes públicos, así como la protección del patrimonio biocultural.

Economía circular, otro de los ejes

La propuesta de actualización de la legislación ambiental también se relaciona con la transformación del modelo económico y el manejo de los recursos.

La Semarnat plantea avanzar de una economía basada en producir, utilizar y desechar, hacia una economía circular, en la que los materiales y productos tengan una vida útil más larga, puedan reutilizarse, repararse, reciclarse o aprovecharse nuevamente.

Este planteamiento forma parte de una agenda ambiental más amplia del Gobierno de México. La dependencia ha señalado que la nueva legislación de economía circular busca fortalecer la reutilización, el reciclaje y la valorización de residuos.

La secretaria Alicia Bárcena también ha destacado que la economía circular puede representar oportunidades de inversión y desarrollo sostenible, y la Semarnat ha impulsado proyectos concretos, como modelos para el reciclaje y aprovechamiento de neumáticos.

Con la actualización de la LGEEPA, el Gobierno federal pretende que la política ambiental tenga una visión más integral: proteger los ecosistemas, restaurar las zonas dañadas, reducir la contaminación, enfrentar el cambio climático y, al mismo tiempo, generar condiciones para un desarrollo económico compatible con la protección de los recursos naturales.

La iniciativa representa así uno de los principales esfuerzos de la actual administración para modernizar el marco jurídico ambiental mexicano.

La propia Semarnat ha reconocido que la LGEEPA, publicada originalmente en 1988 y sin una reforma integral desde 1996, necesita adecuarse a las circunstancias ambientales y económicas actuales.

El planteamiento parte de una idea central: la protección ambiental no debe verse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una condición para garantizar bienestar, salud, productividad y calidad de vida a largo plazo.

La propuesta tendrá que continuar su proceso legislativo antes de convertirse en una nueva legislación vigente. Mientras tanto, Semarnat mantiene como prioridad fortalecer la restauración, la conservación, la prevención del daño ambiental y la participación social, con la intención de construir una política ambiental acorde con los desafíos que enfrenta México en materia de cambio climático, biodiversidad, contaminación y deterioro de los ecosistemas.