El Gobierno federal ha destinado más de 55 mil millones de pesos a la implementación de 21 planes de justicia y desarrollo regional dirigidos a los pueblos indígenas. Estas acciones han alcanzado a más de 3 mil comunidades pertenecientes a 34 pueblos originarios, así como a 318 localidades afromexicanas distribuidas en distintas entidades del país.

En este sentido, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) informó que los programas atienden demandas relacionadas con la propiedad de la tierra, el territorio, el acceso al agua, la infraestructura, la educación y la salud. También incluyen medidas para preservar el patrimonio cultural, fortalecer las lenguas originarias, consolidar los sistemas de gobierno propio y promover el bienestar colectivo.

Asimismo, la dependencia señaló que se han expedido siete decretos presidenciales mediante los cuales fueron restituidas, reconocidas y tituladas más de 12 mil 222 hectáreas como propiedad comunal tradicional de los pueblos yaqui, rarámuri, ódami y wixárika.

Por otra parte, cerca de 20 mil millones de pesos se han canalizado a la construcción de 432 caminos artesanales, mientras que para el presente año se contempla una inversión adicional de 6 mil millones de pesos.

Desde 2025, las comunidades indígenas y afromexicanas reciben recursos de manera directa mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Durante ese año, el programa distribuyó 12 mil 374 millones de pesos entre 20 mil 358 comunidades y localidades de 70 pueblos asentados en 28 estados.

Para este año, el presupuesto asignado mediante dicho mecanismo aumentó a 13 mil 506 millones de pesos, destinados a atender a 19 mil 718 comunidades.

Además, el Gobierno federal mantiene en operación el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, cuyo propósito es garantizar el acceso a la enseñanza, la alimentación y la permanencia escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Durante 2025, esta estrategia contó con una red de mil 423 casas y comedores distribuidos en 23 entidades federativas. A lo largo de este año se prevé ampliar la infraestructura con la incorporación de 41 comedores adicionales.

Finalmente, una de las prioridades de la política pública es la recuperación y conservación de las lenguas indígenas, especialmente aquellas que enfrentan un riesgo elevado de desaparecer. Con una inversión de 125 millones de pesos, se desarrollarán acciones en 24 estados para atender 64 lenguas y 71 variantes lingüísticas correspondientes a 55 pueblos originarios.