Zacatecas.- La Legislatura de Zacatecas dio un avance al dictamen impulsado por el gobernador David Monreal Ávila para desincorporar el Hotel Parador, propiedad del sistema de pensiones del Issstezac, con el objetivo de cubrir una deuda de 315 millones de pesos mediante una dación en pago al gobierno estatal, lo que ha generado advertencias de pensionados y trabajadores por el impacto en el fondo de retiro.

El análisis del proyecto se realizó en un contexto de tensión, luego de que el recinto legislativo fuera ocupado por maestros y jubilados inconformes con la medida, lo que obligó a trasladar la sesión a un auditorio alterno del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. En ese espacio, las y los diputados revisaron el dictamen que avala la transferencia del Hotel Parador al gobierno estatal como forma de liquidar el adeudo entre el Issstezac y el Ejecutivo local.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el mandatario estatal el pasado 25 de junio, el inmueble sería entregado como parte de pago de la deuda de 315 millones de pesos. El avalúo oficial establece un valor de 364 millones, por lo que, en caso de concretarse la operación, el excedente cercano a 49 millones de pesos sería reintegrado al instituto. El esquema contempla que el Hotel Parador pase a manos del gobierno estatal como mecanismo de compensación financiera.

El proceso ha sido cuestionado por representantes legales de pensionados, quienes advirtieron que la medida podría contravenir resoluciones judiciales previas. El abogado Jorge Rada sostuvo que la decisión legislativa podría derivar en “un fraude a la sentencia emitida este año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en referencia a la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024 relacionada con el sistema de pensiones.

El litigante explicó además que el Hotel Parador forma parte de la Reserva Técnica del Issstezac, lo que implica que no puede ser enajenado libremente, ya que respalda el pago de pensiones de más de 25 mil trabajadores activos y jubilados. Señaló que cualquier intento de desincorporación sin el procedimiento adecuado podría generar nulidad jurídica.

En su posicionamiento, el representante de los pensionados advirtió sobre el riesgo estructural que implicaría permitir el uso de activos del fondo para cubrir problemas financieros acumulados. Afirmó: “Es grave la pretensión del gobierno de Zacatecas, porque la actual crisis financiera no es imputable a los trabajadores, y permitir que la insolvencia del instituto sirva de fundamento para afectar sus derechos crea un incentivo estructural perverso”.

Añadió también: “Porque el Estado podría administrar deficientemente el organismo, acumular pasivos y luego utilizar esa misma crisis como justificación para recortar los derechos que tenía la obligación de garantizar”, al insistir en que la propuesta vulnera derechos adquiridos de los derechohabientes del sistema.

El dictamen podría discutirse en un periodo extraordinario o en el próximo ordinario de sesiones, mientras persiste la oposición de trabajadores y jubilados del Issstezac.