WASHINGTON D.C.- El presidente Donald Trump oficializó un nuevo paquete de aranceles a Brasil, acompañado de sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, quien encabeza el proceso judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro. La medida representa una escalada en las tensiones entre ambas naciones, y fue justificada por la Casa Blanca como respuesta a una “emergencia económica”.

Según la orden ejecutiva firmada por Trump, se aplicará una tarifa adicional de 40 por ciento sobre productos brasileños, además del 10 por ciento que ya existía. Aunque la disposición no afecta todos los bienes importados, sí tendrá impacto en sectores clave, excepto aeronaves, aluminio, fertilizantes y productos energéticos, que quedaron exentos.

Trump argumentó que las políticas internas de Brasil y el juicio contra Bolsonaro representan una amenaza extraordinaria para la economía estadounidense. Citó una ley de 1977 que permite al presidente declarar una emergencia nacional frente a riesgos provenientes del extranjero. “Las políticas brasileñas y el enjuiciamiento penal de Bolsonaro constituyen una emergencia económica”, afirmó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó de inmediato las medidas. “Presido una nación soberana y democrática, que respeta los derechos humanos y la independencia entre los poderes. Es injustificable usar argumentos políticos para validar medidas comerciales”, expresó.

En paralelo, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones directas contra el juez De Moraes. Scott Bessent, titular del Tesoro, acusó al magistrado de “una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesamientos politizados”. En consecuencia, se ordenó congelar los bienes que pudiera tener en Estados Unidos, amparados en la Ley Global Magnitsky.

Lula lamentó que tales sanciones estén motivadas por “la acción de políticos brasileños que traicionan a nuestra patria”, en referencia al exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien ha presionado al gobierno de Trump para tomar medidas contra el juez.

El mandatario brasileño también desmintió los señalamientos de que su país ataca a empresas tecnológicas de Estados Unidos. Explicó que las regulaciones sobre redes sociales buscan eliminar contenido de odio, racismo, pornografía infantil y discursos antidemocráticos.

Cabe recordar que en 2024 De Moraes ordenó el bloqueo temporal de la red social X, así como de la plataforma Rumble, por negarse a eliminar cuentas que difundían desinformación o incitaban al odio. Estas acciones fueron utilizadas por Washington para acusar al gobierno brasileño de censura y persecución política.

“El gobierno de Brasil ha coaccionado a empresas estadounidenses para censurar discursos, expulsar usuarios, entregar datos confidenciales o alterar sus políticas de moderación”, sostuvo la Casa Blanca.

Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil respaldó a De Moraes y garantizó su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y el debido proceso legal. “No nos desviaremos de nuestro papel”, declaró en un comunicado.

Finalmente, el canciller brasileño Mauro Vieira advirtió que su país se reserva el derecho a responder ante las sanciones impuestas, aunque subrayó que se mantendrá el diálogo con Washington. “El Poder Judicial de Brasil es independiente y no se entregará ante presiones externas”, puntualizó tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.