JONATHAN LOZADA.— La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este martes sobre los avances en la implementación de la nueva Ley General en Materia de Búsqueda de Personas, resultado de un amplio proceso de diálogo con colectivos y familiares de víctimas.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria reconoció el esfuerzo constante de quienes integran estos colectivos: “Reconocer a las víctimas directas e indirectas (…) por la incansable lucha que encabezan diariamente para la búsqueda, localización e identificación de sus seres queridos”.

Indicó que el gobierno federal, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizó el tema al enviar una iniciativa de reforma al Senado. Entre sus puntos clave destaca la creación de una Plataforma Única de Identidad que integrará CURP con huella y fotografía desde la niñez, así como la activación inmediata de una Alerta Nacional que obligue la participación de todas las autoridades e instituciones, tanto públicas como privadas.

Asimismo, se contempla una Base Nacional de Carpetas de Investigación actualizada en tiempo real por las fiscalías especializadas, que será operada por la Fiscalía General de la República. Esta plataforma deberá ser interoperable con los sistemas de todas las instancias gubernamentales y particulares como hospitales, laboratorios y funerarias, que deberán ofrecer acceso gratuito a sus archivos y bases biométricas.

Rodríguez señaló que la reforma también establece el fortalecimiento de las fiscalías, con unidades especializadas para análisis de contexto, búsqueda inmediata y de larga data, así como capacitación permanente al personal ministerial, policial y pericial, con la obligación de alimentar el banco de datos forenses.

Como parte de este proceso, Gobernación encabezó 90 mesas de trabajo en las que participaron 17 instituciones del Estado mexicano, organismos internacionales y más de 450 colectivos. De ese ejercicio se extrajeron 570 propuestas, de las cuales se sintetizaron 30 recomendaciones generales para ser incorporadas a la ley.

Entre las principales demandas se encuentran la creación de un protocolo claro para activar la Alerta Nacional de Búsqueda, el reconocimiento de la familia social, la protección de datos personales, el resguardo digno de restos humanos, así como medidas de bienestar integral para las familias, con especial énfasis en hijas e hijos de personas desaparecidas.

También se incluye la obligación de rendición de cuentas y la necesidad de sensibilizar a la población para prevenir situaciones de riesgo. “Lo más importante, consideramos, es que cuentan ya estas propuestas con las perspectivas de las víctimas”, aseguró la secretaria.

La funcionaria subrayó que el trabajo no se limita a la aprobación legislativa, sino que implica una armonización normativa y el diseño de políticas públicas adecuadas. Enfatizó que se han atendido las inquietudes sobre la seguridad en ciertas regiones, y se colabora con autoridades locales para fortalecer mecanismos de prevención y respuesta.

“Seguimos trabajando con las víctimas. No se trata de una promesa vacía, sino de cumplir con la obligación que tenemos todas las instituciones del país”, expresó Rodríguez, al reiterar que las mesas de diálogo continuarán para asegurar que las acciones institucionales se realicen de forma empática, ética y transparente.

La secretaria concluyó asegurando que este esfuerzo representa un paso decisivo en la construcción de un sistema nacional de búsqueda más justo, humano y eficaz, “de la mano y también con el corazón” de las familias afectadas.