CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados prepara una reforma pesquera sosteniblepara enfrentar los efectos que el cambio climático ya deja en las comunidades ribereñas. La presidenta del órgano legislativo, Azucena Arreola Trinidad, adelantó que su propuesta busca actualizar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con un enfoque que responda a la vulnerabilidad del país y a la urgencia de proteger los ecosistemas marinos.

La diputada recordó que la crisis climática está golpeando con fuerza al sector, generando pérdidas económicas constantes y desplazando actividades productivas. Frente a este escenario, insistió en que el país necesita políticas de largo aliento que impulsen modelos regenerativos, incluyan a las nuevas generaciones y mantengan la actividad sin comprometer los recursos naturales. Las políticas públicas, subrayó, deben “responder a los retos de una nación bioceánica que necesita producir sin destruir”.

Arreola Trinidad destacó que la NDC 3.0 —el compromiso climático actualizado de México— marca una ruta inédita para proteger mares y costas. Según explicó, este instrumento “integra por primera vez una estrategia robusta para proteger ecosistemas marinos, fortalecer la resiliencia costera y garantizar la seguridad alimentaria desde un enfoque científico, social y de justicia climática”. Con ello, México reconoce que sectores como agricultura, ganadería, bosques y pesca ya enfrentan daños severos derivados de sequías y fenómenos extremos.

En el caso específico de la actividad pesquera, la legisladora señaló que las pérdidas han sido especialmente contundentes. El documento, aseguró, reconoce impactos económicos superiores a 250 millones de pesos por evento climático, lo que exige rediseñar programas, financiamiento e infraestructura para hacer frente a un contexto cada vez más adverso.

Además, explicó que la iniciativa incorpora líneas de acción orientadas a la restauración ambiental, la protección de zonas de crianza y la recuperación de áreas degradadas. También plantea medidas para fortalecer la resiliencia comunitaria, mejorar la seguridad alimentaria y asegurar que las actividades productivas puedan adaptarse a un entorno cambiante. “Si queremos proteger la pesca y la acuacultura, debemos proteger primero los ecosistemas que las sostienen”, afirmó.

La futura reforma pesquera sostenible, añadió, busca alinear la legislación nacional con compromisos internacionales en materia climática y ambiental. Para ello, prevé promover investigación científica, incentivar el uso de tecnologías limpias y fomentar modelos cooperativos entre pescadores, instituciones y centros académicos. Todo ello permitirá generar información útil, apoyar la toma de decisiones y consolidar una actividad rentable y ambientalmente responsable.