Cuestionan legalidad de ataques autorizados por el Comando Sur en el Caribe

CIUDAD DE MÉXICO.- El principal asesor jurídico del Comando Sur de Estados Unidos encendió alertas internas al advertir que la legalidad de ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas cercanas a Venezuela podría estar comprometida. Su dictamen, presentado semanas antes de que iniciaran las operaciones de septiembre, fue desestimado por altos mandos de la administración de Donald Trump, de acuerdo con fuentes consultadas por NBC News.

El juez abogado general del comando sostuvo que estas acciones letales, dirigidas a presuntos “narcoterroristas” en el Caribe y el Pacífico oriental, podrían interpretarse como ejecuciones extrajudiciales. Según seis funcionarios con conocimiento del caso, este escenario expondría a responsabilidades legales a los elementos involucrados, lo que generó preocupación entre otros asesores militares y civiles.

Aunque la opinión del asesor jurídico suele ser determinante para autorizar o frenar una operación, esta vez fue ignorada por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que decidió seguir adelante. El hecho, considerado inusual por expertos, evidenció fisuras en la estructura de mando y abrió un debate interno sobre la legalidad de ataques en zonas de alta tensión geopolítica.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, rechazó categóricamente la existencia de discrepancias internas. “El Departamento de Guerra rechaza que abogados del Pentágono, incluidos los de SOUTHCOM, hayan expresado inquietudes sobre la legalidad de los ataques. Actuamos dentro del marco legal. Nuestras operaciones en el Caribe son legales conforme al derecho estadunidense e internacional y cumplen plenamente con el derecho de los conflictos armados”, afirmó.

Un representante del Comando Sur remitió las consultas al Departamento de Defensa —denominado “Departamento de Guerra” por la administración Trump—, mientras que la Casa Blanca no respondió solicitudes de comentario. El caso, sin embargo, vuelve a poner bajo la lupa el uso de fuerza en misiones marítimas y el nivel de control civil sobre las decisiones operativas en la región.

Man in glasses with comic blue burst background

Redacción

Redacción Bio

Cuestionan legalidad de ataques autorizados por el Comando Sur en el Caribe

CIUDAD DE MÉXICO.- El principal asesor jurídico del Comando Sur de Estados Unidos encendió alertas internas al advertir que la legalidad de ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas cercanas a Venezuela podría estar comprometida. Su dictamen, presentado semanas antes de que iniciaran las operaciones de septiembre, fue desestimado por altos mandos de la administración de Donald Trump, de acuerdo con fuentes consultadas por NBC News.

El juez abogado general del comando sostuvo que estas acciones letales, dirigidas a presuntos “narcoterroristas” en el Caribe y el Pacífico oriental, podrían interpretarse como ejecuciones extrajudiciales. Según seis funcionarios con conocimiento del caso, este escenario expondría a responsabilidades legales a los elementos involucrados, lo que generó preocupación entre otros asesores militares y civiles.

Aunque la opinión del asesor jurídico suele ser determinante para autorizar o frenar una operación, esta vez fue ignorada por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que decidió seguir adelante. El hecho, considerado inusual por expertos, evidenció fisuras en la estructura de mando y abrió un debate interno sobre la legalidad de ataques en zonas de alta tensión geopolítica.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, rechazó categóricamente la existencia de discrepancias internas. “El Departamento de Guerra rechaza que abogados del Pentágono, incluidos los de SOUTHCOM, hayan expresado inquietudes sobre la legalidad de los ataques. Actuamos dentro del marco legal. Nuestras operaciones en el Caribe son legales conforme al derecho estadunidense e internacional y cumplen plenamente con el derecho de los conflictos armados”, afirmó.

Un representante del Comando Sur remitió las consultas al Departamento de Defensa —denominado “Departamento de Guerra” por la administración Trump—, mientras que la Casa Blanca no respondió solicitudes de comentario. El caso, sin embargo, vuelve a poner bajo la lupa el uso de fuerza en misiones marítimas y el nivel de control civil sobre las decisiones operativas en la región.

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