Florida, Estados Unidos – La conductora de televisión Inés Gómez Mont fue puesta bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) e ingresada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Florida.

La detención fue confirmada tras actualizarse los registros oficiales de custodia migratoria estadounidense, luego de que las autoridades norteamericanas identificaran su estatus de estancia irregular en el país y ejecutaran las alertas de localización internacional vinculadas a su perfil.

Proceso de extradición y situación jurídica en México

Gómez Mont cuenta con múltiples órdenes de aprehensión vigentes emitidas por jueces de control en México a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los cargos que se le imputan en territorio nacional se encuentran:

• Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita: Vinculados al presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos procedentes del presupuesto de la Secretaría de Gobernación a través de empresas fantasma y esquemas de facturación simulada.
• Defraudación fiscal equiparada: Expedida por omisiones y discrepancias fiscales millonarias en sus declaraciones de impuestos correspondientes a diversos ejercicios fiscales.

Al contar la imputada con una Ficha Roja activa dictada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), las autoridades de Estados Unidos notificaron formalmente a la FGR para dar inicio a los trámites diplomáticos de extradición o, en su caso, a un procedimiento de deportación acelerada por motivos migratorios.

Cronología y antecedentes del caso

La comunicadora se encontraba en calidad de prófuga de la justicia mexicana desde finales de 2021, momento en que se libraron los primeros mandamientos judiciales en contra suya y de su cónyuge, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

Durante casi cinco años, la pareja se mantuvo al margen de las autoridades trasladándose por diversas jurisdicciones y promoviendo múltiples recursos de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para frenar la ejecución de las órdenes de captura, la mayoría de los cuales fueron desechados por la severidad de los delitos imputados.

La FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) coordinan las gestiones jurídicas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a fin de concretar la puesta a disposición de la conductora ante los tribunales federales mexicanos correspondientes.