CIUDAD DE MÉXICO.– El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá permanecer en prisión hasta abril de 2026, luego de que una jueza federal determinó que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal para acceder a la libertad anticipada.

Tras una audiencia que se prolongó por más de una hora, la jueza de control Ángela Zamorano Herrera, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, concluyó que la petición del exmandatario es infundada, por lo que continuará interno cinco meses adicionales en dicho penal, donde cumple condena por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución se basó principalmente en que Duarte de Ochoa mantiene un proceso penal pendiente, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 141, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Aunque el exgobernador no fue vinculado a proceso por el caso de desaparición forzada del policía estatal David Lara Cruz, ocurrido en enero de 2016, la fiscalía estatal impugnó el sobreseimiento, y el recurso aún está en estudio por un tribunal.

La jueza señaló que, al tratarse de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, la existencia del procedimiento impide otorgarle cualquier beneficio preliberacional. “No se satisface este requisito porque el sobreseimiento no es firme y existe una apelación en trámite”, precisó durante la audiencia.

Además del proceso abierto, Duarte de Ochoa tampoco acreditó haber cumplido con la totalidad de su plan de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas al interior del Reclusorio Norte, otro de los puntos exigidos por la ley para acceder a la libertad anticipada.

Debido a estas dos omisiones, la jueza concluyó que la solicitud no podía prosperar. Así, el exgobernador deberá permanecer 142 días más privado de la libertad para completar su sentencia de nueve años, impuesta tras declararse culpable en 2018 dentro de un procedimiento abreviado.

Al término de la diligencia, el abogado Pablo Campuzano, representante legal de Duarte de Ochoa, adelantó que la defensa interpondrá un recurso contra la resolución. Sostuvo que el expediente por desaparición forzada debería considerarse cerrado, pues, según afirmó, un testigo clave habría sido víctima de tortura.

Campuzano reiteró que Duarte de Ochoa ha cumplido con más del 95% de su condena, además de mantener buena conducta y cubrir los requisitos porcentuales previstos en la legislación penitenciaria. Aun así, reconoció que la resolución será impugnada conforme a derecho.

Javier Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en un hotel del lago de Atitlán, Guatemala, y posteriormente extraditado a México el 17 de julio de ese mismo año. Desde entonces ha permanecido en el Reclusorio Norte. El exmandatario gobernó Veracruz de diciembre de 2012 a octubre de 2016, cuando solicitó licencia al cargo en medio de señalamientos por presunto desvío de recursos públicos.