CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno incorporará a operadores de la industria en la revisión y actualización de la Ley de Juegos y Sorteos, con el objetivo de adaptar la norma a modalidades digitales y frenar el uso de casinos y plataformas para lavado de dinero y ludopatía.

El gobierno enfatizó que la modernización del marco jurídico busca impedir que casinos y plataformas de apuestas funcionen como instrumentos de operaciones ilícitas. Por ello, la reforma apuntará a regular el juego en línea, aumentar la trazabilidad de transacciones y cerrar lagunas que facilitan movimientos opacos.

Sheinbaum Pardo explicó que el proceso seguirá un esquema de colaboración semejante al empleado en la reforma de la Ley de Aduanas, con mesas de trabajo previas a la propuesta final. La intención, dijo, es articular a autoridades, reguladores y representantes del sector para construir reglas técnicas y operables.

La mandataria subrayó la necesidad de reforzar la información pública sobre riesgos de ludopatía y de robustecer disposiciones para detectar operaciones financieras irregulares. La propuesta combinará regulación, campañas informativas y controles que permitan identificar flujos sospechosos.

Sheinbaum Pardo recordó que el miércoles pasado se ordenó el bloqueo y congelamiento de cuentas de 13 establecimientos y sitios de apuestas presuntamente implicados en lavado de dinero; confirmó que, una vez concluida la etapa investigativa, se informará con precisión el monto del capital involucrado.

Además, la presidenta consideró revisar a fondo el Sistema Nacional Anticorrupción y señaló que el diseño vigente “no está funcionando a plenitud”. Propuso evaluar la dispersión de facultades para determinar si el modelo actual contribuye eficazmente a combatir la impunidad y garantizar sanciones.

La iniciativa anunciará una revisión integral del sector de juegos y sorteos con impacto para operadores, reguladores y usuarios. El gobierno sostiene que el diálogo con la industria permitirá diseñar reglas que equilibren actividad económica y controles robustos frente a delitos financieros.