SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS.- Cuatro mujeres tzotziles fueron privadas de la libertad por alrededor de cinco horas el pasado jueves 21 de agosto en la comunidad El Pozo, San Juan Chamula, luego de rechazar ceder un terreno por el que atraviesa un manantial. El sitio es clave para el abasto de agua en la localidad. La Fiscalía de Justicia Indígena intervino para liberar a las víctimas y trasladarlas a la cabecera municipal, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación.

Testimonios recabados por medios como Milenio y El Universal indican que la retención ocurrió durante una asamblea comunitaria, donde autoridades tradicionales presionaron a las mujeres para firmar documentos de cesión. Una imagen que muestra a una de las retenidas amamantando a su hijo tras los barrotes generó indignación en redes sociales.

Las mujeres fueron liberadas tras la llegada de personal de la Fiscalía, pero hasta el momento el ayuntamiento de San Juan Chamula no ha emitido un posicionamiento oficial. Además, se reportó que durante los hechos no había presencia de la Policía Estatal ni de autoridades ministeriales, lo cual agravó la situación.

La comunidad El Pozo, ubicada a unos 23 kilómetros de la cabecera municipal, ha utilizado el manantial en disputa durante años. La disputa por el predio pone de relieve las tensiones entre la autonomía indígena y el respeto a los derechos humanos. La Constitución de Chiapas reconoce los sistemas normativos indígenas, pero su ejercicio está supeditado al cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos fundamentales.

No es un hecho aislado. Apenas el 10 de agosto, dos mujeres fueron encarceladas en la comunidad Hidalgo, municipio de Las Margaritas, por un adeudo económico. También en ese caso hubo intervención estatal y apertura de una investigación.

La Fiscalía de Justicia Indígena, encabezada por el Dr. Lorenzo López Méndez y con sede en San Cristóbal de Las Casas, confirmó que continuará con las indagatorias para deslindar responsabilidades por estos hechos.

Organizaciones civiles han alertado sobre la normalización de las llamadas “cárceles comunitarias” en Chiapas. Este caso reaviva el debate sobre la protección de derechos humanos dentro de contextos de autonomía indígena, especialmente cuando están en juego recursos naturales estratégicos como el agua.

Se espera que en las próximas horas se aclare la situación jurídica de las autoridades comunitarias señaladas y el estatus legal del predio en disputa.