Ciudad de México.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera temporal las actividades en dos predios ubicados en Sonora tras detectar labores de extracción de oro realizadas sin contar con la autorización ambiental obligatoria que establece la normatividad federal para proyectos de este tipo.

La medida fue aplicada luego de inspecciones efectuadas por personal de la dependencia, derivadas de procedimientos de vigilancia ambiental y reportes ciudadanos que alertaron sobre posibles irregularidades en la explotación minera dentro de la entidad.

Uno de los casos involucra a la empresa RM Esperanza de México, donde los inspectores constataron que se desarrollaban trabajos relacionados con la obtención de oro sin presentar la autorización en materia de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para la ejecución de actividades mineras.

De acuerdo con la Profepa, este permiso permite analizar de manera previa los posibles efectos que los proyectos pueden generar sobre el entorno natural, incluyendo afectaciones al suelo, cuerpos de agua, flora y fauna de la región.

“Dicha autorización es indispensable para evaluar, prevenir y mitigar los posibles impactos de los proyectos mineros sobre los ecosistemas, el suelo, el agua y la biodiversidad”, indicó la Profepa.

La segunda intervención ocurrió en el Rancho Las Golondrinas, localizado en el municipio de Cucurpe. Durante la visita de inspección, las autoridades ambientales identificaron actividades vinculadas con la extracción de oro y solicitaron la documentación correspondiente para acreditar la viabilidad ambiental de los trabajos.

Sin embargo, los responsables del predio no pudieron demostrar que contaban con la autorización requerida por la legislación vigente, motivo por el cual también se determinó la clausura temporal total del sitio mientras se desarrollan las investigaciones administrativas correspondientes.

La dependencia federal señaló que ambos procedimientos forman parte de las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y prevenir daños a los recursos naturales derivados de actividades extractivas efectuadas sin supervisión ni evaluación previa.

Asimismo, informó que continuará con la integración de los expedientes administrativos para determinar el alcance de las posibles infracciones y establecer, en caso de proceder, las sanciones contempladas en la ley ambiental mexicana.

Las autoridades recordaron que los proyectos mineros deben someterse a procesos de evaluación ambiental antes de iniciar operaciones, con el objetivo de identificar riesgos, establecer medidas de mitigación y asegurar que las actividades económicas se desarrollen bajo criterios de sustentabilidad y protección de los ecosistemas.