Big Bend, Texas.- La administración de Donald Trump podrá continuar la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos levantara este lunes 9 de noviembre la suspensión judicial que mantenía detenidas las obras, pese a que el proyecto todavía enfrenta un litigio por sus posibles afectaciones ambientales.

La decisión del máximo tribunal revocó una medida cautelar emitida por una jueza federal, que había ordenado detener los trabajos mientras se analizaba la legalidad de las autorizaciones otorgadas por el gobierno estadounidense. Con este fallo, las autoridades podrán avanzar con la infraestructura fronteriza durante el desarrollo del proceso judicial.

En una resolución de cinco páginas, los magistrados justificaron su determinación al señalar que el Congreso estableció como prioridad acelerar la instalación de barreras y caminos de vigilancia en la frontera. También destacaron que la legislación contempla excepciones a determinadas disposiciones ambientales y de conservación para facilitar estas construcciones. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única integrante que votó contra la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia.

El proyecto incluye barreras metálicas de bolardos de nueve metros de altura, más de 320 kilómetros de caminos destinados a patrullajes y aproximadamente 27 kilómetros de estructuras para impedir el tránsito de vehículos. Las obras se desarrollarían en una extensa zona que comprende el Parque Nacional Big Bend, el Parque Estatal Big Bend Ranch y diversos tramos del río Bravo.

Para justificar la construcción, el gobierno de Trump reportó que entre 2021 y 2025 fueron detenidas más de 89 mil personas que intentaban ingresar irregularmente a Estados Unidos por ese sector. Sin embargo, los demandantes cuestionaron la necesidad de levantar el muro en esa zona, al sostener que registra el menor número de detenciones entre los siete sectores de la frontera sur: entre 0.3 y 2.2 por ciento del total anual, pese a representar más de una cuarta parte de la extensión fronteriza.

La impugnación fue promovida por una organización ambientalista, un guía de recorridos por el río Bravo y una agrupación religiosa. Los inconformes advirtieron que la infraestructura podría dividir hábitats naturales, restringir el acceso público al río y ocasionar daños a sitios históricos y propiedades particulares.

El mes pasado, la jueza federal Kathleen Cardone había ordenado detener los trabajos al considerar que el secretario de Seguridad Nacional rebasó sus atribuciones al establecer las excepciones legales utilizadas para autorizar las obras. La resolución de la Suprema Corte permite reanudarlas mientras continúa la disputa sobre su legalidad.