REDACCIÓN.- En Binghamton, una ciudad universitaria ubicada al noroeste de Nueva York, han surgido esfuerzos organizados para enfrentar la política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump. A diferencia de las imágenes más conocidas de redadas en ciudades como Los Ángeles, aquí se han tejido redes de solidaridad comunitaria para proteger a personas migrantes. La creciente presencia de autoridades federales en pequeñas localidades ha generado una respuesta social contundente que va desde protestas hasta iniciativas clandestinas de ayuda.

De acuerdo con el New York Times, el gobierno federal planea movilizar a miles de elementos de la Guardia Nacional hacia estados gobernados por conservadores, con el propósito de intensificar las detenciones de personas sin documentos. Además, busca involucrar a policías locales y utilizar la infraestructura carcelaria existente, lo cual ha convertido a las prisiones municipales en pieza clave de la estrategia de detención y deportación masiva.

Según Prison Policy Initiative, estas prisiones son muchas veces las únicas disponibles para albergar a personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Mientras tanto, el Migration Policy Institute revela que una parte importante de la población vive en jurisdicciones que rechazan colaborar con las autoridades migratorias federales.

Un ejemplo claro de esta resistencia se presenta en el condado Broome, donde, pese a que el alguacil conservador Frederick Akshar firmó en marzo un acuerdo con ICE, la comunidad ha respondido con acciones organizadas. La coalición Ciudadanos Preocupados de Binghamton —conformada por iglesias, agrupaciones feministas y organizaciones civiles— ha identificado un incremento en la población migrante encarcelada y ha reaccionado con talleres informativos y campañas como “ICE llega al condado Broome y el pueblo dice ‘no’”.

“Esto es el nuevo ferrocarril subterráneo”, declaró Bill Martin, uno de los activistas locales, al referirse a las redes solidarias que ayudan a migrantes a mantenerse a salvo. Algunas de estas acciones incluyen la entrega de alimentos, transporte escolar para niños e incluso la organización de bodas clandestinas para proteger a familias.

Gracias a las protestas, las demandas por traducción y mejores condiciones de reclusión, el número de migrantes detenidos ha disminuido. Martin indicó que, aunque a principios de año se calculaban hasta 100 migrantes en la cárcel local, actualmente sólo habría entre cinco y diez. Además, destacó que únicamente cuatro de los 62 condados del estado de Nueva York han firmado acuerdos de cooperación con ICE.

La resistencia no se limita a Binghamton. Una red estatal de respuesta rápida crece mes a mes con respaldo de organizaciones como la Red de Justicia en las Cárceles. En Albany, se promueve legislación para prohibir la colaboración de policías locales con autoridades migratorias.

Pablo Alvarado, cofundador de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, expresó al New York Times: “Hemos sido abandonados por los tribunales, por la comunidad empresarial y por la clase política en Washington… sólo el pueblo salva al pueblo”.

Lo que destaca del caso Broome, y de otras regiones del país, es que el respaldo a la población migrante está traspasando las fronteras de sus propias comunidades. Ahora se suman iglesias, mezquitas, sinagogas, sindicatos, académicos y hasta prisioneros, en lo que parece ser el germen de un movimiento nacional contra las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Trump.