TULUM, QUINTANA ROO.- Un tribunal federal instruyó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a ejecutar la restauración ambiental en el caso del conjunto Adamar, ubicado en la bahía Soliman, en la zona de Tankah, Tulum. La medida incluye la demolición total de la obra.

Durante una conferencia de prensa, Mónica Huerta, integrante de la asociación Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), explicó que la resolución judicial establece la obligación de eliminar la construcción y restituir el ecosistema dañado. “El fallo reafirma que el derecho a un ambiente sano debe ser protegido con acciones inmediatas… se incorporan principios internacionales como el de protección ambiental, que obliga a actuar cuando existe incertidumbre ante riesgos de daños irreversibles”, declaró la ambientalista.

El desarrollo inmobiliario, denominado Adamar, consta de 24 departamentos y penthouses que fueron construidos sin respetar los lineamientos ambientales vigentes. La sentencia fue notificada el 15 de agosto y contempla un plazo máximo de 35 días hábiles para su cumplimiento, una vez que surta efectos. Si en los próximos diez días la Profepa no interpone recurso de revisión, la orden quedará firme.

Huerta subrayó que este fallo puede sentar precedente para que otros ciudadanos presenten amparos en defensa del medioambiente, respaldados por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés colectivo en este derecho. “Este fallo nos recuerda que el medioambiente es un derecho de todos y una obligación del Estado garantizarlo para las futuras generaciones, y las presentes… Profepa debe vigilar que se derrumbe esta construcción”, enfatizó.

Además, detalló que las autoridades deben comprobar si la multa impuesta por la Profepa ya quedó firme y, en caso afirmativo, iniciar su cobro coactivo. También es necesario que se dé seguimiento al estado procesal de la denuncia presentada ante el Ministerio Público Federal, así como a las acciones que Profepa haya realizado en coordinación con el órgano técnico de investigación para integrar la carpeta administrativa.

Finalmente, Huerta insistió en que se deben vigilar oficiosamente los trabajos de restauración y verificar su ejecución efectiva. La asociación DMAS reiteró que estará al pendiente del cumplimiento de esta sentencia como parte de su labor en defensa de los derechos ambientales de la ciudadanía.