La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró esta semana un capítulo decisivo en el pleito fiscal que enfrenta Ricardo Salinas Pliego. Tras años de litigios, magistrados y una narrativa pública en la que el empresario intentó presentarse como víctima de persecución gubernamental, el tribunal ratificó por unanimidad los créditos fiscales que el fundador de Grupo Salinas había intentado revertir sin éxito. 

El fallo de la Corte cierra prácticamente todos los frentes nacionales que Elektra mantenía abiertos. Solo restan dos procesos menores —alrededor de 700 millones de pesos en conjunto, de acuerdo con el periódico El País—, pero el grueso del conflicto fiscal, el que se arrastraba desde hace casi dos décadas, ha quedado definido. Ahora el empresario deberá cubrir una deuda que, con actualizaciones, recargos y años de resistencia judicial, ronda ya los 50 mil millones de pesos.

Con ello se apagan las esperanzas del empresario de obtener un triunfo jurídico que pudiera avalar su argumento central: que las autoridades actuaron de forma arbitraria e incluso con abuso de poder en su contra. Ninguno de los jueces del país, en ninguna instancia, le dio la razón.

La deuda no surgió de la nada. Los orígenes se remontan a ejercicios fiscales que van del 2008 al 2013  (según el comunicado oficial No. 262/2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), años en los que Elektra aplicó un cálculo de pérdidas fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) consideró artificialmente inflado. De acuerdo con la autoridad, la empresa se benefició indebidamente al reducir su pago de impuestos mediante pérdidas adquiridas tras la liquidación de Mexicana de Aviación. Esta operación le permitió descontar más de 30 mil millones de pesos, pese a que, de acuerdo con Hacienda, esas pérdidas no correspondían a su actividad y por lo tanto no debieron utilizarse.

El SAT reclamó la diferencia, Elektra la llevó a los tribunales y se inició un litigio que avanzó lentamente, amparado en tácticas legales y recursos dilatorios. Los créditos originales (casi 36 mil millones de pesos) crecieron con el paso del tiempo, especialmente porque algunos casos llevaban 17 años sin resolverse, acumulando recargos millonarios.

En paralelo a la batalla en los tribunales, Ricardo Salinas Pliego emprendió una estrategia pública que ha ido escalando en tono y en intenciones. Las declaraciones de los últimos meses, y particularmente de esta semana, revelan un giro que rebasa el ámbito empresarial para situarlo en un terreno abiertamente político.

El jueves, apenas unas horas después de la resolución de la Corte, Grupo Salinas difundió un comunicado calificando el fallo como un “día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”. En su mensaje, el conglomerado aseguró que la decisión es “violatoria de los derechos humanos” y anunció que recurrirá a instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este  discurso no dista de los que ha pronunciado el empresario en redes sociales, donde acusa de un supuesto “terrorismo fiscal”, y afirma que la división de poderes está desapareciendo y califica al Poder Judicial de “espurio”. El tono ha ido acompañándose de insultos dirigidos a sus críticos —a quienes ha llamado “zurdos de mierda” y “parásitos”— y de comparaciones del gobierno mexicano con regímenes autoritarios extranjeros.

El intento de politizar su conflicto fiscal no es nuevo. Desde hace tiempo, el empresario ha buscado incidir en la conversación pública, especialmente en temas que involucran al gobierno federal. En 2023 intensificó sus ataques contra instituciones y partidos políticos; este 2025 habló públicamente de la idea de una candidatura presidencial; y en septiembre lanzó el MACC, un movimiento que se presenta como antisistema, anticorrupción y proseguridad, mientras él mismo enfrenta litigios por evasión de impuestos multimillonaria.

Más aún, de acuerdo con informes oficiales divulgados recientemente por el Gobierno de México, Salinas Pliego (quien se ha proclamado abiertamente como figura de ultraderecha) habría tenido relación con la organización de la llamada “marcha de la Generación Z”, un evento que, en teoría, buscaba encarnar el espíritu rebelde asociado a la bandera de One Piece, bajo una narrativa anti opresiva que se supone inspiró la marcha.

Pese a la insistencia de Salinas Pliego en presentarse como víctima de persecución, los tribunales han sido consistentes: no encontraron violaciones constitucionales, no encontraron agravios suficientes, ni razones para revertir los créditos fiscales. Desde los jueces de primera instancia hasta el Pleno de la Suprema Corte, todos fallaron en su contra. 

La resolución deja claro que el país enfrenta un caso inédito por la magnitud de la deuda y por la resistencia del deudor. Para el gobierno federal, y particularmente para el SAT, el desenlace representa una reivindicación de su política de finanzas públicas, que ha insistido en que ninguna persona —por poderosa que sea— puede quedar por encima de las obligaciones fiscales.

Ahora, con los caminos nacionales cerrados y la obligación de cubrir una deuda gigantesca, el empresario enfrenta un escenario jurídico difícil. Su posición financiera también se ha erosionado: de acuerdo con Bloomberg, la fortuna de Ricardo Salinas Pliego ha perdido más de un 33% en el último año, descendiendo hasta unos 134 mil 450 millones de pesos.

Esta caída coincide con el avance de los procesos fiscales y contrasta con el monto de su adeudo con las finanzas públicas, que supera los 74 mil millones de pesos, de acuerdo con lo exhibido por el Gobierno de México. La brecha entre su patrimonio actual y las obligaciones determinadas por la autoridad hacendaria marca un momento crítico para el magnate, cuya capacidad de pago y estrategia legal quedarán inevitablemente bajo el escrutinio público en los próximos meses.