Ciudad de México – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fijó una postura de rechazo categórico ante la promulgación de una legislación aprobada por el estado de Texas que pretende declarar como territorio bajo jurisdicción estadounidense nueve islas ubicadas en el cauce del Río Bravo, en el tramo fronterizo entre ambas naciones.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería mexicana advirtió que la determinación adoptada por el gobierno tejano carece de validez jurídica internacional, vulnera la soberanía nacional de México y contraviene los tratados bilaterales vigentes sobre la delimitación de la frontera común.

Invocación del Tratado de Límites de 1970 y vía diplomática

El Gobierno de México subrayó que la soberanía y jurisdicción sobre los islotes y porciones de tierra en los ríos limítrofes están estrictamente reguladas por el Tratado de Límites de 1970, así como por la mediación técnica de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA / IBWC).

• Sin competencia estatal: La SRE precisó que los estados subnacionales de los Estados Unidos —como el estado de Texas— carecen de facultades constitucionales y del derecho internacional para alterar, fijar o adjudicarse unilateralmente límites territoriales internacionales.
• Mecanismos bilaterales: Cualquier modificación en el régimen de islas o bancos del Río Bravo producto de los cambios en el curso del agua debe ser dictaminada y acordada de manera exclusiva por los gobiernos federales de México y EE. UU. a través de las comisiones binacionales correspondientes.
• Nota de protesta: La representación diplomática de México en Washington remitió una nota formal de protesta ante el Departamento de Estado norteamericano para exigir que se respete la integridad territorial y se haga cumplir la supremacía de los tratados internacionales suscritos por la administración federal estadounidense.

Impacto en la zona fronteriza y llamados a la diplomacia

El pronunciamiento del gobierno local tejano para reclamar soberanía sobre dichos islotes forma parte de una serie de medidas unilaterales impulsadas por el ejecutivo estatal en materia de control fronterizo y seguridad de la franja fluvial.

Ante esta situación, legisladores y autoridades de ambos lados de la frontera han instado a canalizar el diferendo a través de los cauces institucionales para evitar tensiones operativas entre las fuerzas de seguridad y patrullajes marítimos que operan en las aguas del Río Bravo. La SRE reiteró que mantendrá la defensa del territorio nacional por las vías legales y diplomáticas, garantizando la observancia irrestricta de los tratados limítrofes entre México y Estados Unidos.