TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.— Con el objetivo de fortalecer la eficiencia legislativa y garantizar una mejor organización interna, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó una serie de reformas a la Ley de Desarrollo Constitucional. Así lo informó el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien subrayó que los cambios responden a la necesidad de modernizar los procesos del Poder Legislativo.

Durante la sesión en la que se presentó el dictamen, el legislador explicó que la reforma permite actualizar la estructura administrativa y jurídica del Congreso, incorporando áreas que ya operaban en la práctica, pero que no estaban reconocidas formalmente por la ley.

“Creemos que la organización y certidumbre jurídica comienza en casa, por ello, proponemos el cambio de denominación del edificio sede al que se le reconoce como Palacio Legislativo, por lo que ahora proponemos que sea Edificio Sede del Poder Legislativo”, afirmó Guillén al argumentar a favor de su propuesta.

Entre las modificaciones destaca el reconocimiento legal de oficinas como la Unidad de Planeación y Presupuesto, la Unidad de Contabilidad y Control Presupuestal, y la Unidad de Informática. Además, se redefinen las funciones de la Contraloría Interna, que ahora operará con dos áreas específicas: una para la investigación de quejas y denuncias, y otra dedicada al control y la evaluación.

Estas funciones fueron homologadas conforme a los lineamientos de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, lo que permitirá una supervisión más clara de las actividades legislativas y administrativas.

Otra de las innovaciones presentadas por el diputado de Morena es la incorporación de una comisión de decanos —conformada por diputados electos— durante la instalación de cada nueva legislatura. Este mecanismo busca facilitar la transición y reforzar la institucionalidad parlamentaria.

Asimismo, se aprobó la posibilidad de que el Congreso invite a sesiones a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a responsables de dependencias y organismos públicos del estado, siempre que se aborden temas de alto interés para la entidad. Los funcionarios podrán participar con voz una vez finalizada la discusión correspondiente, respetando plenamente la autonomía y la división de poderes.

Estas reformas, encaminadas a fortalecer la eficiencia legislativa, reflejan un esfuerzo por actualizar las prácticas del Congreso local y promover una mayor cercanía con la ciudadanía.