CIUDAD DE MÉXICO.– El día de ayer el Senado de la República aprobó, con 110 votos a favor y ninguno en contra, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. Esta ley busca proteger a las víctimas al imponer reglas detalladas para impedir que en los reclusorios se utilicen dispositivos electrónicos y sancionar también a servidores públicos que colaboren en el delito de extorsión. 

Con 21 cambios en 15 artículos y la inclusión de un artículo transitorio, la ley se aprobó en lo general y fue devuelta a la Cámara de Diputados. “La extorsión no solamente afecta el patrimonio, despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad. Hoy, las instituciones del Estado Mexicano y dentro de ellas este Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”, expresó Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. 

La ley impone reglas estrictas para los centros penitenciarios, pues, de acuerdo con el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, es una “realidad innegable que muchas extorsiones se originan desde las cárceles. Por ello, se generan los mecanismos e instrumentos legales para bloquear comunicaciones ilícitas, prohibir el acceso a dispositivos electrónicos y asegurar que los penales sean espacios de control y de readaptación social, no de operación criminal”

Los reos que sean sorprendidos con dispositivos electrónicos tendrán como sanción penas de 6 a 12 años; regla que también se aplicará a funcionarios y demás personal en los centros penitenciarios que permitan el ingreso de estos dispositivos. Asimismo, se estableció una minuta que cambió la penalidad para el tipo único establecido por los diputados que se elevó de 15 a 25 años, con agravantes que llegan hasta 42 años para quienes extorsionan desde los centros penitenciarios.

Con esto, “se establece un marco jurídico uniforme que permita combatir eficazmente el delito de extorsión en todo el territorio nacional, al configurar una definición que integre todos los elementos del tipo penal a la luz de la evolución de esta conducta ilícita”, finalizó Enrique Inzunza Cázarez.