“No habrá impunidad”, asegura Brugada acerca de colapso de edificio en San Antonio Abad

Ciudad de México.- Tras el derrumbe parcial de un inmueble localizado en la calzada San Antonio Abad, que dejó un saldo de tres trabajadores muertos y uno más lesionado, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, exhortó este martes a las 16 alcaldías a reforzar los protocolos de supervisión y vigilancia en obras de demolición.

La mandataria dio a conocer, asimismo, que la Fiscalía General de Justicia de la capital ya inició las indagatorias para determinar cuáles fueron las causas del colapso y así, deslindar responsabilidades. “No puede haber impunidad”, afirmó categórico Brugada, refrendando su compromiso de asegurar la impartición de justicia y la reparación integral del daño a las víctimas.

De igual forma, manifestó su solidaridad para con los familiares de las víctimas y aseveró que estos ya reciben acompañamiento por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual se encarga de brindar apoyo legal, alojamiento y asistencia de forma integral.

En ese sentido, la titular de la jefatura de Gobierno detalló que el edificio le pertenecía a un particular y había sido previamente catalogado como de alto riesgo estructural a raíz del terremoto de 2017, por lo su demolición total había sido determinada al año siguiente. Así, los trabajos, al momento del accidente, eran ejecutados con recursos de la iniciativa privada.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, puntualizó que la Comisión para la Reconstrucción dio la autorización el año pasado para las facilidades administrativas de la demolición, acorde a la Ley de Reconstrucción, luego de corroborar el riesgo estructural del inmueble. 

No obstante, destacó que dichas facilidades no deslindan a los particulares de cumplir con las normas de seguridad ni reemplazan las atribuciones de las demarcaciones correspondientes para supervisar las obras.

En concreto, Muñoz Santini señaló que la empresa Demec responsable de las labores de demolición debía contar con ciertos requisitos, tales como medidas de protección civil, aval de un Director Responsable de Obra, póliza de responsabilidad civil y programa de protección a colindancias, a la par que a la alcaldía correspondiente le competía dar cuenta del cumplimiento de la normatividad e incluso suspender los trabajos ante riesgos.

Por último, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, notificó que los trabajos de rescate terminar luego de 20 horas sin interrupción, tras destacar la coordinación que hubo con cerca de 400 elementos de distintas dependencias, incluyendo bomberos, cuerpos de emergencia, fuerzas federales y binomios caninos. 

Man in glasses with comic blue burst background

Carlos Herrera

“No habrá impunidad”, asegura Brugada acerca de colapso de edificio en San Antonio Abad

Ciudad de México.- Tras el derrumbe parcial de un inmueble localizado en la calzada San Antonio Abad, que dejó un saldo de tres trabajadores muertos y uno más lesionado, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, exhortó este martes a las 16 alcaldías a reforzar los protocolos de supervisión y vigilancia en obras de demolición.

La mandataria dio a conocer, asimismo, que la Fiscalía General de Justicia de la capital ya inició las indagatorias para determinar cuáles fueron las causas del colapso y así, deslindar responsabilidades. “No puede haber impunidad”, afirmó categórico Brugada, refrendando su compromiso de asegurar la impartición de justicia y la reparación integral del daño a las víctimas.

De igual forma, manifestó su solidaridad para con los familiares de las víctimas y aseveró que estos ya reciben acompañamiento por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual se encarga de brindar apoyo legal, alojamiento y asistencia de forma integral.

En ese sentido, la titular de la jefatura de Gobierno detalló que el edificio le pertenecía a un particular y había sido previamente catalogado como de alto riesgo estructural a raíz del terremoto de 2017, por lo su demolición total había sido determinada al año siguiente. Así, los trabajos, al momento del accidente, eran ejecutados con recursos de la iniciativa privada.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, puntualizó que la Comisión para la Reconstrucción dio la autorización el año pasado para las facilidades administrativas de la demolición, acorde a la Ley de Reconstrucción, luego de corroborar el riesgo estructural del inmueble. 

No obstante, destacó que dichas facilidades no deslindan a los particulares de cumplir con las normas de seguridad ni reemplazan las atribuciones de las demarcaciones correspondientes para supervisar las obras.

En concreto, Muñoz Santini señaló que la empresa Demec responsable de las labores de demolición debía contar con ciertos requisitos, tales como medidas de protección civil, aval de un Director Responsable de Obra, póliza de responsabilidad civil y programa de protección a colindancias, a la par que a la alcaldía correspondiente le competía dar cuenta del cumplimiento de la normatividad e incluso suspender los trabajos ante riesgos.

Por último, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, notificó que los trabajos de rescate terminar luego de 20 horas sin interrupción, tras destacar la coordinación que hubo con cerca de 400 elementos de distintas dependencias, incluyendo bomberos, cuerpos de emergencia, fuerzas federales y binomios caninos. 

Carlos Herrera

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